Álava se harta de la posición de Burgos y fija 2029 para avanzar en la integración de Treviño
«Estos cuatro años tienen que ser los de la solución de esta cuestión», reivindica el diputado general, Ramiro González
La Diputación de Burgos con su posición sobre Treviño ha colmado la paciencia de Álava. Borja Suárez (PP), presidente de la administración castellanoleonesa, cerró la ... puerta en un reciente pleno a los anhelos del enclave y no dudó en cargar contra el territorio alavés tachándolo de «privilegiado» y «anacrónico» por disponer de un modelo foral. Palabras que, como ha explicado el diputado general, Ramiro González (PNV), chocan con la cláusula que desde 2016 se incluye en los convenios suscritos entre ambas instituciones para prestar servicios en el enclave y en los que Burgos reconocía que estos acuerdos son de «carácter transitorio en tanto se aprobara una solución definitiva acorde con el reglamento jurídico que resolviera con carácter permanente la situación de Treviño».
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Por eso, González envió a Suárez una carta el 3 de septiembre para subrayar que «sus expresiones habían quebrado la buena fe con la que habíamos trabajo ambas instituciones a lo largo de los últimos años y que el plazo de prórroga de los convenios debía ser suficiente para dar solución a la situación anacrónica que vive Treviño, y hacerlo a través del respeto a la voluntad libremente expresada de sus vecinos». También le aclaró «que prolongar el convenio más allá del plazo de prórroga sería incumplir con su vocación provisional». Es decir, el máximo mandatario alavés fijó 2029 como fecha tope para avanzar en la «integración» del enclave.
Y es que la Diputación presta desde hace nueve años servicios en atención a personas con discapacidad y mayores, lucha contra la violencia de género, igualdad, atención de emergencias, transporte, viabilidad invernal… «Estos cuatro años tienen que ser los de la solución de esta cuestión. Primero porque no podemos mantener en el tiempo una situación anacrónica que no es normal y, segundo, porque quizás ahora pueda haber una ventana de oportunidad», ha insistido en las Juntas Generales. Esa «ventana» a la que se ha referido es la mayoría parlamentaria que en la actualidad existe en el Congreso de los Diputados y que mantiene a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
En 2013, este asunto ya llegó a la Cámara baja en forma de iniciativa legislativa popular (ILP), pero tan sólo recibió el respaldo de 28 de 350 votos a favor (PNV, CiU y el grupo mixto en el que entonces se incluía a la izquierda abertzale)..
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Como ha indicado Eva López de Arroyabe (EH Bildu) que le interpelaba a González a este respecto en el legislativo, «el convenio conviene a Burgos» y se siente «cómodo» porque ve cómo una administración ajena cubre los servicios que le corresponden. Como primera medida de presión, el Gobierno foral alavés ha prorrogado los servicios que reciben las personas y no hizo lo propio con dos líneas de inversión que hasta ahora cubrían, entre las que se incluyen las obras para restaurar construcciones históricas.
«La actual situación es anómala y excepcional, no debe prolongarse en el tiempo. El convenio debía ser un instrumento temporal mientras durara el proceso de integración», ha recalcado el diputado general, que así se lo transmitió a Borja Suárez el pasado 20 de diciembre en que le dijo que la Diputación iba a «avanzar hacia la materialización efectiva a la voluntad de los treviñeses». Pero fue como consecuencia de que las Juntas Generales aprobasen una moción en mayo para la integración de Treviño si sus ayuntamientos (gobernados por el PNV y un partido treviñés) lo piden, cuando el Burgos reaccionó «de forma visceral» con «expresiones absolutamente inadmisibles» sobre los derechos históricos y el autogobierno, según González.
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