Álava se fija como objetivo 'verde' que los pueblos generen su propia electricidad

En ese sentido precisamente avanza el proyecto denominado 'Ekiolas'. Esta iniciativa consiste en que habitantes de la zona rural se animen a crear cooperativas junto a sus vecinos para la generación de energía fotovoltaica -con una capacidad de potencia de entre uno y cinco megavatios- que se emplee para su autoconsumo. Servirá para dar electricidad a los domicilios, pero también a los servicios públicos. Desde las farolas callejeras hasta los edificios comunitarios.

La idea es crear 'islas' energéticas, núcleos a los que les baste con la electricidad que ellos mismos generan a través de renovables y así no tener que echar mano del exterior. Esto no significa cubrir de placas solares las casas de los pueblos, sino buscar un emplazamiento adecuado -una parcela- que cuente con las características idóneas para que allí se genere la electricidad. No supondrá abastecer una localidad concreta, sino que su emplazamiento puede beneficiar a varios núcleos. En cualquier caso, los socios mayoritarios de estas mercantiles será la población local, aunque el 49% de la participación corresponderá a la Diputación a través de su sociedad pública Enargi, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y los ayuntamientos implicados.

En ese sentido, la Administración foral firmará en próximas fechas un convenio con el EVE que supondrá el punto de partida para que las localidades interesadas -y capacitadas- presenten sus candidaturas para colaborar en la lucha contra el cambio climático. En ese proceso, el papel de la Diputación se centrará en la gestión e identificación de los suelos necesarios, los trámites administrativos para conseguir las correspondientes autorizaciones y la sensibilización sobre la importancia de comprometerse con la mitigación del cambio climático.

Más allá de su importancia ecológica también puede existir un interés económico y es que los vecinos podrán ver cómo se rebaja su factura hasta la mitad. La inversión que tendrán que realizar para poner en marcha la cooperativa y la planta fotovoltaica se amortizará en un plazo de siete a diez años y las instalaciones tendrán una vida útil de como mínimo un cuarto de siglo. «Se trata de apostar por un nuevo concepto de energía 'democrática', de activar cada vez más instalaciones de generación de energías sostenibles, de fomentar un modelo social y ciudadano, compatible con la protección de la biodiversidad», afirma el diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, Josean Galera.

Porque este proyecto quiere servir para que exista una transición de energías fósiles hacia renovables, lo que se traducirá en cero emisiones a la atmósfera y conseguir un autoabastecimiento que disminuya la dependencia respecto a otros territorios. Todo con el objetivo de que el termómetro no continúe su escalada, que está prevista de dos grados para el año 2041 y cuatro para 2071.