Una empresa alavesa, 'culpable' del apagón de 9 canales de la TDT

La empresa alavesa que ha conseguido el fundido a negro de nueve canales de la TDT es una especialista en pelear en los tribunales los repartos de licencias de canales televisivos. Infraestructuras y Gestión 2002, con sede en la calle Basaldea de Vitoria, ha pugnado contra decisiones de la Generalitar de Catalunya, del Consejo de Ministros (como ha sido este último caso) y de otras administraciones autonómicas. Lo hace porque tiene interés en ello, lógicamente. Se dedica a gestionar canales televisivos, algunos de los cuales con contenidos eróticos, contactos y de tarot y supuesta videncia, que en algunos momentos ha compatibilizado con otros como Canal Latino. Su actividad al frente de estos polémicos espacios le ha llevado a enfrentamientos con algunas de las administraciones con las que después se ha visto en los tribunales: la de Catalunya, por ejemplo, le multó con tres millones de euros por fraude y por emitir sin licencia desde cinco canales, según una información de El Confidencial fechada en 2010, cuatro de ellos en Barcelona y uno en Tarragona.

Según este medio digital, la empresa alavesa se ha visto envuelta asimismo en otras denuncias por falsear concursos a través de teléfonos de tarificación adicional y emitir chats y publicidad de servicios eróticos en horario protegido.

La firma está radicada en Vitoria, con Carlos Carrera como administrador único y tres apoderados, según el registro mercantil. Son Esteban Ortiz de Urbina, exconsejero de la Caja Vital; Miguel Ángel Prieto, Ignacio Sánchez Pasquín y Antonio Joaquín Fábregues.

Otros ocho canales en su objetivo

En el comunicado que emitió la empresa con motivo de su victoria en los tribunales y el apagón de nueve de los canales de la TDT, la firma asegura que no es propietaria de ninguna cadena de televisión ni responsable de la elaboración de contenido audiovisual alguno y añade que su trabajo se reduce a prestar el servicio de red de telecomunicaciones a emisoras de radio y televisión. Asimismo, denuncian que durante todo el proceso judicial "ha sufrido el acoso y beligerancia de las Administraciones que desconocían el marco legal aplicable, entre ellas el Consejo Audiovisual y la Dirección General de Medios Audiovisuales de Cataluña".

Al margen de la mencionada sentencia que obliga al cierre de 9 canales, existe otro recurso interpuesto por Ia misma empresa que, de prosperar, podría obligar al cierre de otros ocho canales de TDT. En este sentido, la firma vitoriana ha reclamado a la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) que "cese en las 'negociaciones' con el Ministerio de Industria" sobre el contencioso que estudia el Tribunal Supremo en relación a la "legitimación" de otros ocho canales de TDT, ya que entiende que la búsqueda de un "acuerdo contrario a la legislación nacional y europea" supone una "clara injerencia en la independencia del Poder Judicial".

Infraestructuras y Gestión 2002 destaca que "su objetivo siempre ha sido el de asegurar la pluralidad, la libre competencia y el derecho de todos los operadores a participar en un concurso público en igualdad de condiciones". Recalca que la iniciativa ante los tribunales se presentó por la "ilegalidad manifiesta" en la concesión de los canales y para evidenciar que la Administración, tanto nacional como autonómicas, "ignoraban el alcance del nuevo marco legal" surgido como consecuencia de la trasposición de las Directivas Europeas en la materia.