Reprochan a la Junta que ponga en riesgo a usuarios de la Residencia Mixta por ahorrar en sustituciones

«Han convertido a los ordenanzas en los esclavos del siglo XXI». Así de rotunda se mostró la presidenta del comité de empresa de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta en Burgos, Juana Pozo, al asegurar que en la Residencia Mixta el colectivo «se ve obligado a jornadas semanales de hasta 70 horas para no desatender sus tareas cuando alguno está de vacaciones». Y de ellos dependen, además de las tareas de seguridad y vigilancia de la entrada, las cámaras, el control del oxígeno, del gas y, en breve, también tendrán que asumir las funciones del conductor, que tampoco se va a sustituir. «Va a ser imposible. Están tirando mucho de la cuerda».

Pero tampoco se cubren las de los dos médicos y, al que se queda, «le van cambiando el horario según le convenga a la Dirección, además de tener una doble carga de trabajo». Lo mismo ocurre con los fisioterapeutas, cuya tarea se encarga a un auxiliar, «que no está preparado para asumir sus funciones, sin olvidar que entramos en un problema de intrusismo laboral», y con el terapeuta ocupacional. Ambos servicios se quedan vacantes.

Del personal asistencial, que engloba enfermeras y auxiliares de enfermería, se cubre el 70% y el 20% del personal de cocina. Porcentajes que han llevado a situaciones tan inaceptables como que un ayudante haya tenido que «elaborar 160 menús, que hay que adaptar a las dietas de usuarios diabéticos, hipertensos... en la residencia de Fuentes Blancas, en Burgos».

Situaciones como éstas le han llevado al comité de empresa a denunciar estos calendarios vacacionales ante la Inspección de Trabajo, porque «no podemos consentir que nos encontremos ahora peor que en los años 50. Sabemos que estamos pasando una crisis económica muy grave, pero solo echamos un cable los trabajadores».

¿Y eso, incluye, además, incluye asumir las consecuencias de un posible error motivado por una excesiva carga de trabajo? El comité está seguro de que no, pero también les ha quedado claro que la Gerencia «no quiere aceptar ninguna responsabilidad».

Así como que tampoco tiene en cuenta la opinión de los trabajadores para conocer cuáles son los mínimos a cubrir de cara a mantener un servicio de calidad en los centros asistenciales. «Este comité de empresa se ha sentido ninguneado por la Gerencia de Servicios Sociales, algo que no estamos dispuestos a consentir. Así que denunciaremos y haremos lo que tengamos que hacer», incidió.

Más en un ejercicio en el que ya se había acordado, con la conformidad de ambas partes, cómo se iba a organizar la actividad. «Firmamos el calendario para este año en noviembre de 2012 y en mayo nos llamaron para modificarlo. Sin tiempo de reacción, ni siquiera nos dieron la oportunidad de negociar y nos impusieron unos recortes de la cobertura de las vacaciones que dejan bajo mínimos los centros, hasta el punto de resultar peligroso tanto para los usuarios, como para los empleados que asumen la elevada carga de trabajo», incidió.

Mínimos aceptables

Y es que si ya en temporadas anteriores el número de contratos de sustitución era escaso, en esta ocasión la Junta ha ido más allá y no se les ha dado ninguna opción a negociar. «Esto son lentejas», de esta forma tan clara lo sentenció Pozo.

Eso no les ha impedido hacer pública su propuesta de sustituciones en la Residencia Mixta. «Todos los colectivos, salvo los de la atención directa están sin cubrir». Y esos tampoco de manera suficiente. Se ha previsto personal para el 70% de las vacantes, cuando en veranos anteriores la cobertura llegada a un 90% o un 80%.

Porcentaje mínimo, éste último, por el que aboga el comité para garantizar una buena atención por parte de enfermeras y auxiliares. Esto supondría cubrir con 54 contratos el trabajo que por vacaciones dejan de realizar las 68 personas que se encargan de la atención directa a los residentes.

También creen que se debería sustituir a fisioterapeuta y médico, así como el 50% de las ausencias de las 10 personas que trabajan en cocina y de los 7 ordenanzas. La misma situación piden para el personal de servicio, del que ahora solo se cubre el 35% de sus ausencias.

«La Gerencia no ha dicho que no a las vacaciones, porque iríamos a los tribunales, pero las están supeditando a necesidades de servicio. Con lo que, de manera continuada, llaman a trabajar a quienes están librando», insistió.

Una situación de precariedad laboral y asistencial de la que Pozo responsabiliza especialmente a los directores de ésta residencia y del resto de las que tiene la Junta repartidas en Burgos. «Desde Valladolid llegó la orden de ahorrar pero se aseguró que si las necesidades se argumentaban lo suficiente se podría contratar. Bastaba con un escrito». Y no lo han hecho.

Pero los trabajadores de la Residencia Mixta no son los únicos que están viendo cómo empeoran sus condiciones laborales. La plantilla de la Escuela Infantil Nuestra Señora de Altamira, así como las del resto de las de la provincia, también tienen problemas. Son cuatro en total, con 67 empleados afectados, de los que 19 tienen su empleo en la ciudad.

Mañana acaba el curso y aún no saben cuál será el calendario laboral con el que volverán al trabajo el 2 de septiembre. Y es que no está cerrado qué va a pasar con la media hora que el personal tiene para comer, pero con obligación de recuperar ese tiempo después. Hasta ahora no se hacía porque tampoco se utilizaba en sentido estricto. El almuerzo «se viene haciendo sin dejar de atender a los menores».

El planteamiento de los trabajadores a la Gerencia pasa por estar disponibles la media hora de descanso legal que les corresponde por la jornada de siete horas y media de trabajo así como los 30 minutos de comida, a cambio de no tener que recuperarlos posteriormente. «Dan una hora por media».

Y lo hacen favoreciendo, al mismo tiempo que la Junta ahorrar dinero, en su opinión. Si hicieran uso de ese tiempo que tienen para comer, habría que contar con personal que atendiera a bebés de 0 a 3 años, a los que no se puede dejar solos ni un momento. Por eso, reclaman a la Gerencia que «se haga responsable civil y penal de lo que pueda pasar cuando los trabajadores estén descansando».