La juez ratifica el archivo de la denuncia por una presunta estafa de VPO
Nuevo revés a los 220 cooperativistas que llevaron a 3 personas relacionadas con Gestnorte a los tribunales
ROSA CANCHO
Sábado, 10 de septiembre 2011, 04:46
El pasado noviembre, los 220 cooperativistas de Vitoria que han denunciado a tres personas relacionadas con la promotora Gestnorte XXI por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, irregularidades societarias y coacciones recibieron una de cal y otra de arena en los juzgados de instrucción. Así, mientras la titular del número 1 archivaba la querella principal y más grave, su colega del 5 les daba la razón en otra colateral -esta vez de Gestnorte contra dos cooperativas por impagos- y acusaba a la promotora de retribuciones «astronómicas», «oscurantismo» y «manipulación».
Estos denunciantes, dueños de de pisos de Salburua y Zabalgana gestionados por Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga y Gesaltza, acaban de recibir otro nuevo varapalo del juzgado de Instrucción 1. Recurrieron el archivo de la causa, pero la juez se ratifica en su decisión por «no hallar indicios» de los delitos.
Los demandantes aseguran que los tres hemanos empresarios a los que acusan pertenecían a un «entramado» en el que los mismos individuos creaban y controlaban las cooperativas, sus gestoras e incluso las firmas de construcción y arquitectura que hacían las casas. Eso, agregan, permitía que los denunciados «se autocontrataran» con «precios desorbitados». Los aspirantes a un piso dicen que se inscribían en una cooperativa y llegaban hasta la sociedad limitada Gestnorte XXI. Tras entregar una suma de dinero «negro» «sin obtener recibo», se les adjudicaba vivienda. Además, añaden que se firmaban documentos «bajo amenaza» de perder la vivienda y el dinero.
Sin pruebas
La juez cree que no se les puede imputar delito societario por haberles negado información al considerar «no acreditado» que los demandandos ostentaran la condición de administradores de las cooperativas. Tampoco ve «indicios» para sostener la acusación de estafa continuada. «No queda acreditado que los imputados tuvieran intención de aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obligaban los socios de la cooperativa, autocontratándose (lo que no constituye delito en sí mismo) y ocultándoles su intención de incumplir sus obligaciones aprovechándose de la buena fe y la confianza de aquellos, ya que además se han realizado las viviendas y se han llevado los trabajos contratados», sostiene. La juez se apoya incluso en auditorías de Ensanche 21. Y tampoco considera probado que se hayan falsificado firmas, que haya habido coacciones ni observa documentos que prueben entrega de 'dinero negro'.
A los cooperativistas les queda la posibilidad de recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial.
