Alarma en las diputaciones al forzarles la UE a recuperar los beneficios fiscales

La Comisión Europea parece decidida a imponer de forma inmediata una multa diaria al Reino de España, al considerar que las haciendas vascas no han cumplido con la obligación impuesta por el Tribunal de Luxemburgo de recuperar las ayudas tributarias concedidas a mediados de los años 90: las denominadas 'vacaciones fiscales' y algunos incentivos a la inversión. La alarma ha comenzado a saltar en el seno de las diputaciones ante la posibilidad de que esa resolución se haga efectiva a mediados de julio -como al parecer prevén los servicios de la Comisión- y de que sea necesario reclamar a todas las empresas implicadas un pago adicional de impuestos. En las últimas horas, algunas haciendas forales ya se han puesto en contacto con las compañías para trasladarles la impresión de que ese doloroso paso parece inevitable.

No hay datos oficiales

Por extraño que parezca, y a pesar de que han transcurrido ya dieciséis años desde que las autoridades europeas abrieron el primer expediente sobre este asunto, no existen datos oficiales sobre el caso. Las diputaciones jamás han querido revelar el número exacto de empresas afectadas y menos aún la cuantía económica que está en juego. Aproximaciones no oficiales sitúan en torno a 300 las firmas vascas que se acogieron a algunas de las ayudas que más tarde serían consideradas «no acordes al derecho comunitario», así como una cifra superior a los 500 millones de euros en impuestos no ingresados. Hay quien incluso ha llegado a estimar la deuda en 1.800 millones. Este dinero es, precisamente, el que la UE exige.

Todo parece indicar que los responsables de la fiscalidad comunitaria, el área que ahora dirige el comisario español Joaquín Almunia, no se sienten satisfechos con el procedimiento que han seguido las diputaciones. A mediados de 2007, y tras una sentencia de la Corte luxemburguesa que obligaba a iniciar la recuperación de las ayudas, las haciendas forales pusieron en marcha un procedimiento para ejecutar la instrucción. Todas las empresas que aplicaron alguna de las deducciones irregulares fueron citadas y sus declaraciones del Impuesto de Sociedades -las correspondientes a los años en los que disfrutaron de esas ayudas-, rehechas.

Discrepancias de cálculo

A partir de la revisión de las declaraciones, nació una nueva disputa. Las diputaciones, en el ánimo de defender a las empresas vascas -que se beneficiaron de esas deducciones en la convicción de que lo que hacían era perfectamente legal-, aplicaron criterios «flexibles» pero, en su opinión, acordes a la legislación europea. Así, interpretaron que no todas las ayudas eran ilegales, sino tan sólo una parte de ellas, lo que permitía reducir de una forma considerable el dinero a recuperar.

A finales de 2009, la Comisión amenazó con acelerar la imposición de sanciones, al estimar que varias haciendas -Álava y Guipúzcoa, especialmente- no habían remitido toda la documentación necesaria para analizar el cumplimiento de sus órdenes. Más recientemente, el pasado mes de abril, de nuevo la UE envió a las diputaciones un informe en el que mostraba su discrepancia con el sistema de cálculo empleado para rehacer las declaraciones de impuestos. En su opinión, muchas empresas a las que se les reconocía la posibilidad de aplicar algún porcentaje de deducción no tienen derecho a ello -es el caso de algunas bodegas alavesas, ya que el sector primario tiene muy restringidas las ayudas-, al tiempo que cuestionaba los plazos en los que se habían ejecutado las inversiones y se aplicaron las deducciones. Al parecer, no siempre coincidían.

Fuentes empresariales apuntan que aún existen opciones legales para tratar de «minimizar los daños», entre las que figura la posibilidad de plantear recursos judiciales contra las haciendas forales, a quienes identificarían como responsables del perjuicio económico.