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Miranda sufrió el pasado 31 de enero una inundación por el desbordamiento de sus ríos que no se recordaba en tres décadas.
Afectados por la riada denuncian «abandono y apatía» por parte de las administraciones

Afectados por la riada denuncian «abandono y apatía» por parte de las administraciones

Reprochan la falta de un informe pericial para sustentar la demanda contra la CHEy el nulo avance del Consistorio con este procedimiento

salvador arroyo

Martes, 21 de abril 2015, 00:29

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No ven ningún paso efectivo hacia adelante y tampoco han recibido información directa de las gestiones administrativas iniciadas. Los representantes de la llamada Plataforma de Afectados por la Riada (PAR) han decidido romper su silencio y hacer pública una denuncia en la que reprochan al Ayuntamiento, la Junta y la Diputación de Burgos lo que entienden como «falta de respuestas a la ciudadanía» y el «olvido de nuestros políticos». Nada que ver, apostillan, con el modo en el que se han gestionado las crisis derivadas de las crecidas del Ebro y el impacto de otros fenómenos meteorológicos en lugares comoZaragoza, Navarra y La Rioja. «El mismo día de la riada tenían oficinas de afectados abiertas y, una semana más tarde, una evaluación provisional de daños provocando que el Consejo de Ministros tuviera que habilitar partidas especiales para los afectados en esas provincias; la provincia de Burgos no existe en el calendario de nuestras instituciones».

La PARha plasmado estas quejas en una carta dirigida a los responsables de las tres administraciones citadas. El contenido es literalmente el mismo tanto en la remitida al Ayuntamiento de Miranda como en la que se dirige al presidente de la Diputación, César Rico, y al delegado territorial de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo. De entrada, se hace referencia a lo que entienden como un aparente inmovilismo. «No apreciamos un avance significativo».

La primera crítica se dirige al consistorio mirandés. El hecho de habilitar Viranda como un centro de recepción de las solicitudes de aquellos afectados que careciesen de un seguro de respaldo para los bienes dañados, no convence a este colectivo ciudadano, que recuerda haber pedido en su reunión con FernandoCampo una oficina para recoger la información de todos los afectados. «Hasta el momento hay afectados que no van a cobrar o no van a cobrar por todos los daños», denuncian.

En relación con otra de las peticiones trasladas a los responsables políticos, la de la investigación de las causas de la gran inundación del pasado 31 de enero, la plataforma dice haber encontrado «varias evidencias» en base a los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)y las palabras de su presidente, Xavier De Pedro. Es claro, en este sentido, que «existieron fallos en la gestión de la cuenca y, por tanto, en la gestión del incidente».

Se apoyan primero, en la errónea predicción la CHE esperaba 800 metros cúbicos por segundo cuando se registraron 1.413; se critica la contradicción posterior en relación con este último guarismo De Pedro planteó que no era real, que los sistemas solo miden los niveles, no los volúmenes; y se cuestiona, en definitiva, la última explicación del suceso: no se tuvieron en cuenta los efectos de los caudales del Bayas y del Zadorra. «¿Para qué todo el sistema monitorizado?, ¿por qué en días posteriores si hubo una modificación de la media de los caudales de Bayas y Zadorra?, ¿por qué si estos continuaban subiendo, no se avisó? y ¿por qué se gestionó el embalse de Sobrón con diferentes aperturas sin control?».

Son algunos de interrogantes que el colectivo de afectados plasma en su escrito de crítica a las administraciones con responsabilidad en la ciudad y en la provincia. Y que ocultan una serie de fallos en cadena que justificarían el inicio de acciones legales contra el organismo de la cuenca. Un compromiso que Campo ha subrayado en distintas comparecencias, pero que no ha tenido aún un efecto concreto.

Sin avances

ElAyuntamiento, barajaba varias vías posibles de acción para dar cuerpo a la demanda, entre ellas, la Universidad de Burgos (UBU). «Han pasado dos meses y no hay contestación. Del presidente de la Diputación y del delegado territorial de la Junta demandamos cauces de diálogo con la CHE y con el Gobierno de España y tampoco hemos tenido contestación». En este sentido, reclaman la contratación de la asesoría jurídica y la elaboración «del el informe técnico pericial de los daños para demandar. Pero lo tienen todo parado. Ahora llegan las elecciones y punto y final», lamenta José AntonioGonzález, portavoz de la PAR.

Dicen sentirse «totalmente abandonados. Pero se ha hecho un daño por negligencia y el seguro de la Confederación es el que tiene que pagar los daños». Y tras asumir que el efecto de una posible demanda judicial deberá esperar años, no ven tampoco claridad en lo que se refiere a las medidas preventivas planteadas. Se recuerda, en este sentido, la propuesta de crea una mota defensiva que Fernández-Mardomingo planteó, a través de este periódico, figurar entre las actuaciones comprometidas por la CHE luego se reconoció que el proyecto se iba a someter a estudio. «La prevención siempre sale más barata.En la mota se estimaba una inversión de alrededor de 250.000 euros, menos de la mitad de los daños ocasionados. Pero además, pedimos que se revisen todos los protocolos de actuación, tanto de la CHE como de la administración local».

Que la actuación en otras comunidades autónomas ha sido distinta, lo perciben con la puesta en marcha «de forma inmediata» de medidas como mesa de afectados o compromiso de ayudas.«Una vez más se evidencia en nuestra ciudad el abandono de la administración regional y la apatía de la local».

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