"Insuficiente" y "electoralista", calificativos de los sindicatos para la subida del 1% a los funcionarios

Poco a poco. Los empleados públicos van recuperando el terreno perdido en materia de derechos y retribuciones que la crisis se ha llevado por delante. Se esperaba un guiño del Gobierno hacia los funcionarios en estos últimos Presupuestos de la legislatura y la semana pasada se materializó en el anuncio de que su salario aumentará en 2016 un 1% después de cinco años consecutivos de congelación (y uno de recorte del 5%, en 2010). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también afirmó que este año recuperarán un 25% de la paga extra suprimida en 2012 -de la que solo han cobrado una cuarta parte- y que el resto se les abonará en 2016.

Los sindicatos riojanos valoran esta decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy como un «avance», pero consideran que no es suficiente, tanto porque el incremento del 1% les parece muy pequeño como porque recuerdan que su colectivo ha sufrido otros recortes a lo largo de la crisis, como la citada supresión de la paga extraordinaria, la supresión de algunos días de libre disposición o el descenso de la oferta de empleo público. La imposición de esta medida, pese a que les beneficia, es otro de los puntos que más enfado ha causado en los representantes sindicales, ya que de esta forma podían haberse puesto más temas encima de la mesa.

Lo que sí ha conseguido el anuncio de Montoro es unanimidad en los conceptos utilizados por los sindicatos para calificar la medida: insuficiente, electoralista y propagandista. Las elecciones generales de finales del año marcan la agenda. Javier Morentín, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, indica que este asunto se aborda «en unos Presupuestos hechos antes de tiempo, que parecen un programa electoral, para anunciarlo a bombo y platillo» y destaca que, en caso de producirse, debería hacerse extensible no solo a los trabajadores dependientes del Estado sino del resto de administraciones autonómicas y locales.

Pérdida de poder adquisitivo

«El avance es absolutamente insuficiente; el 1% resulta irrisorio cuando el Presupuesto va a subir bastante más en el capítulo de personal», explica el secretario general del sindicato STAR, Domiciano Jiménez. A su juicio, la ruptura con un lustro de congelaciones salariales era «básica» -los sindicatos cifran en un 20% la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos en los últimos cinco años-, pero «quedan por hacer muchísimas otras cosas, porque esto solo representa una parte de los derechos que se nos han arrebatado». Por ejemplo, alude al aumento de jornada laboral y a la reducción de días de libre disposición.

La indignación se torna en decepción en UGT. Su secretario del sector de la Administración Pública, Miguel Ángel Gurrea, afirma que, «después de tanto bombo como le habían dado en los últimos días», se pensaba que el planteamiento del Gobierno iría encaminado a «un calendario de recuperación de todo lo que ha quitado durante estos años». «Se han pasado por el arco del triunfo la negociación colectiva. No ha habido ningún tipo de diálogo social y lo único que han hecho ha sido comunicar su decisión. Si hubiera habido trabajos previos y una negociación con la representación sindical no sería algo propagandístico. Es una medida 100% electoralista», añade.

En la misma línea argumentativa se postulan desde la Unión Sindical Obrera (USO): «No nos están dando nada, nos están devolviendo algo que nos habían quitado y encima nos han impuesto el qué y el cómo, con el cómo todavía en el aire. Parece que nos están regalando algo a los empleados públicos, pero solo nos devuelven lo que es nuestro, con cuentagotas y como una medida claramente electoral».

Lo que para STAR aparece como «irrenunciable» es que los empleados públicos «recuperen el 100% del salario en situaciones de baja por incapacidad temporal». «Ahora en los tres primeros días se percibe el 50% y del cuarto al decimocuarto día de baja, un 75%, con lo que el salario se puede reducir entre 200 y 300 euros por una simple gripe», explica.

Un análisis similar de la situación es el que realiza el sindicato CSIF, que exige al Gobierno de La Rioja que, con la base de lo conseguido del Ejecutivo central (1% de subida salarial), «lo mejore significativamente para los empleados públicos de esta comunidad autónoma». Y además del salario durante las bajas, también hay reclamaciones en todo el espectro sindical respecto a la devolución de los días canosos arrebatados en la retahíla de recortes que han sufrido los funcionarios. Esa batalla se encuentra en la actualidad en los tribunales, con varias sentencias a favor de los trabajadores, por lo que piden acelerar ese proceso con una íntegra devolución similar a la de la paga extra.

CSIF subraya que «parece que el Gobierno empieza a entender el sentir de los más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias, a los que hasta hoy se había impedido sumarse al nuevo ciclo de recuperación económica». Eso sí, al igual que el resto de sindicatos, defiende que la subida salarial debe tener continuidad para «recuperar la estructura salarial previa a 2010, cuando se produjo la primera rebaja de retribuciones». «Además, se debe realizar un análisis de las plantillas y blindar los servicios esenciales para que no vuelva a ponerse en peligro el carácter público y la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos», concluye.

Tasa de reposición del 100%

Con todo, desde CSIF se valora especialmente el acuerdo para que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 incluyan una tasa de reposición del 100% en servicios esenciales y del 50% para el resto. Tampoco varía en su valoración de las medidas anunciadas por Montoro el sindicato educativo ANPE.

Esta organización considera que un incremento de salarios del 1% «es un avance, un primer paso, pero insuficiente ante la pérdida de más de un 20% en los últimos años». ANPE asegura que el incremento salarial de los empleados públicos para 2016 debería, «como mínimo», igualar la subida del IPC. «La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) apunta a una inflación del 1,3% para el año que viene», añade.

Por otro lado, este sindicato apunta a la necesaria adopción de otras medidas que corrijan «la grave pérdida de derechos laborales y sociales» de los últimos años y la reducción que se ha producido de la inversión educativa. ANPE aboga por que se deroguen los decretos que supusieron un incremento de horas lectivas del profesorado, una disminución de interinos y la reducción de la tasa de reposición. Y afirma que los funcionarios «han sido un colectivo muy castigado por los recortes».