El Gobierno vasco elude revelar la identidad de las víctimas de la violencia policial

«Hay que tener en cuenta que los informes incluyen datos médicos de personas identificadas», afirma la Lehendakaritza en una respuesta enviada a la Cámara de Vitoria tras una pregunta al respecto formulada por el parlamentario abertzale Julen Arzuaga. La Ley de Protección de Datos -añade el texto- prohíbe la divulgación de esa información si no es con el consentimiento del afectado. EH Bildu ha vuelto a solicitarla con la petición de expresa de que se disocien los datos, de tal forma que el expediente no permita identificar a la persona que ha recibido el reconocimiento o la indemnización. El Gobierno vasco tiene hasta el 27 de julio para responder a esta nueva demanda.

Pese a esta negativa a remitir información a la Cámara, el Gobierno vasco ya ha celebrado un acto público de reconocimiento de las víctimas de la violencia policial. El evento, presidido por el lehendakari, tuvo lugar en febrero del año pasado y en él hablaron dos de las 187 víctimas: Lino Zapirain y Arantxa Kortabarria

Fallo del Tribunal Superior

El decreto de reconocimiento de las víctimas de la violencia policial entre 1960 y 1978 fue elaborado en la época del lehendakari Patxi López. En 2012 se iniciaron los trabajos de la comisión que se ha encargado de estudiar las peticiones de indemnización recibidas, cuyas cuantías podían oscilar entre los 35.000 y los 390.000 euros. El texto fue recurrido por la Abogacía del Estado al entender que el Gobierno vasco no exigía ninguna prueba fehaciente de las lesiones sufridas por los denunciantes. El Tribunal Superior falló a su favor.

Este decreto es el embrión de la denominada Ley de Reconocimiento y Reparación de víctimas de represión ilícita entre 1978 y 1999, que se está tramitando ahora en la Cámara de Vitoria. El Gobierno central ya ha anunciado que la recurrirá por entender que no exige ni una sentencia ni una resolución administrativa a la hora de que se reconozca que una personas ha sufrido una vulneración de derechos humanos.

Hasta el momento, los principales datos que se conocen del reconocimiento a las víctimas de la violencia policial entre 1960 y 1978 figuran en un informe remitido al Parlamento por la comisión de valoración que se encargó de analizar las demandas que se presentaron. El texto, de catorce páginas, no incluye ningún nombre y es una recopilación estadística a la que se incorpora una explicación del contexto político de los años en los que produjeron los hechos. Según los datos de propia comisión de valoración, se presentaron 293 solicitudes, de las que se aceptaron 187. De esta última cifra, el 16% de los casos se debía a fallecimientos en manifestaciones, controles de carretera o altercados. El 29,5% se refería a personas heridas por arma de fuego, un 6,9% a lesiones causadas en manifestaciones y un 38,5 a víctimas de malos tratos en centros policiales. El documento afirma que se concedieron 114 indemnizaciones a las víctimas, pero no aclara por qué cuantía ni quiénes fueron los beneficiarios ni en qué casos.