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Alfonso Rus y Emilio Llopis, en una imagen de archivo.
Detenido Alfonso Rus en una operación anticorrupción en la Diputación y el PP de Valencia

Detenido Alfonso Rus en una operación anticorrupción en la Diputación y el PP de Valencia

La Guardia Civil investiga una presunta red de pago de comisiones a cambio de contratos públicos en ayuntamientos que gobernó el PP y en la Diputación provincial

a. rallo/ COLPISA

Martes, 26 de enero 2016, 10:05

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El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el 'Caso Imelsa', ha coordinado este martes 26 de enero de 2016 una operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

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La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con al menos 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. En la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Entre los detenidos se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus. También ha sido arrestado el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

Entre los 29 investigados (término que sustituye al tradicional imputados) se encuentra, además, una exconcejal de Valencia (María José Alcón), que ha quedado en libertad e imputada; un exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exalcalde de Genovés, Emilio Llopis, y Carmen García Fuster (PP Valencia).

En la llamada 'operación Tula' se han llevado a cabo hasta 33 registros simultáneos en Valencia, Castellón y Alicante. Entre ellos estarían los domicilios de los investigados, la sede social de la empresa pública Ciegsa, la Fundación Jaume II, el estadio del Olimpic de Játiva, -del que Rus fue presidente- y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

Pasadas las 15.30 horas y tras siete horas de registro, Alfonso Rus abandonaba su casa en Játiva acompañado por tres agentes y entre gritos de "corrupto", "ladrón" y "chorizo".

Tras conocerse las detenciones, el PPCV ha emitido un comunicado dando a conocer la destitución "inmediata" de todos los cargos orgánicos que desempeñan los arrestados y su cese en cualquier actividad relacionada con su formación.

Grabaciones comprometedoras

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta por EUPV ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo gerente era Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy.

«En España no hay impunidad»

  • Soraya Sáenz de Santamaría

  • La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la operación policial que se esta desarrollando en Valencia es una demostración de que "en España no hay impunidad".

  • En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto en el Museo del Prado, Sáenz de Santamaría ha insistido en que "los jueces, los fiscales y la Policía trabajan y los delitos se persiguen, cualquiera que sea su autor y con independencia de la formación política" que se vea afectada.

  • Ha añadido que es algo que se puede comprobar porque ha habido decisiones que han afectado a casos relacionados con la práctica totalidad de las formaciones políticas de España. "Se persiguen y se juzgan con igual ahínco", ha declarado la vicepresidenta.

En el momento de la denuncia EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Játiva. A los pocos meses, en plena campaña electoral, se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".

Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior Gobierno municipal 'popular' María José Alcón. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia. También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación -estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015- como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia -fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat-.

"Va a salir mierda a punta pala"

En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó "de todo" de la Diputación -aunque pensaba devolverlo, según dijo- y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño "a mucha gente" contando la verdad. "Va a salir mierda a punta pala", expresó.

Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.

A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el Consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.

Paralelamente a este procedimiento, un juzgado diferente, el número 6 de Valencia, mantiene abierta una causa contra Marcos Benavent tras la denuncia que le interpuso la Diputación de Valencia, cuando estaba presidida por Rus, por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades.

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