¿Por qué la temporalidad es una epidemia en la Administración vasca?

Aquel día el Gobierno español y los principales sindicatos estatales (CC OO, UGT y CSIF) llegaron a un acuerdo para poner coto a la interinidad en las administraciones. El punto más novedoso fue la intención de bajar del 25% al 8% la tasa de temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas en tres años. Y para ello se anunció la mayor oferta pública de empleo de la democracia, que pretende hacer fijos a unos 300.000 interinos en toda España. La mayoría de ellos, en las administraciones autonómicas y, más en concreto, en las áreas de Sanidad y Educación.

La traslación del invento a Euskadi dejó un panorama bastante desolador porque nos recordó que aquí la tasa de temporalidad es un 50% superior. Según los sindicatos, roza el 40%. Un porcentaje que no se basa en datos oficiales, porque el Gobierno vasco no los facilita. Pero en el Ejecutivo tampoco desmienten ese porcentaje. Y en cualquier caso, desde Lakua admitieron que habiendo aquí una proporción de temporales mucho más elevada que en el conjunto de España, bajar hasta el 8% es una quimera. Quizás podía haber un descenso de 17 puntos equiparable al del conjunto del Estado, lo que vendría a dejar la tasa vasca en un valor cercano al 20%.

¿A qué se debe semejante temporalidad en una de las administraciones autonómicas más solventes de España, y en una de las comunidades más ricas del país? En Lakua apuntan hacia varias direcciones, que van desde los procesos de transferencias hasta las limitaciones en las tasas de reposición durante años. Pero Felipe Serrano, que conoce bien el sector público, se refiere, especialmente, a «la política de personal que se ha llevado a cabo para reducir gastos». En fin, «que, por ejemplo, un profesor funcionario te sale más caro porque tienes que pagarle la antigüedad, el verano... Al temporal no, porque lo echas en julio y agosto». El argumento, que es compartido por los sindicatos vascos, también es válido para la Sanidad, donde «se contratan médicos y enfermeras por horas para que hagan guardias... Y eso no puede ser». Al final, quien pierde es la calidad de los servicios públicos esenciales.

El hecho diferencial

Pero ese pecado, tirar de la precariedad para gastar menos, es común a todas las administraciones españolas, asegura el experto. ¿Cuál es entonces el hecho diferencial vasco que dispara la temporalidad con respecto al resto del Estado? Serrano coincide con la opinión de fuentes bien conocedoras del sector público vasco que esta semana se referían en este periódico a los importantes logros sociales alcanzados por el funcionariado vasco. Unas conquistas que, en última instancia, necesitan de una legión de temporales para ser efectivas.

Por ejemplo, en organizaciones como Osakidetza, y tras alcanzar interesantes niveles retributivos, la negociación colectiva en la época de bonanza, a principios de siglo, se centró en ganar otros beneficios en forma de permisos y licencias (asuntos personales, propios, asistencia a exámenes, bodas de allegados, cuidados de parientes, tratamientos médicos...). Y para cubrir todos esos huecos que dejan los fijos, y también sus bajas, hace falta una ingente masa de temporales. Además, tras la implantación de la jornada de 35 horas «se generaron más necesidades, que se cubrieron con eventuales», y así se fue cronificando una situación que llega hasta hoy. En fin, que el sistema no parece funcionar si no hay ingentes cantidades de personas con contratos temporales.

¿Cuántas? No está muy claro. Y este es otro de los misterios que rodea el asunto. «Es obligación de la Administración decir qué plantilla tiene, cuántos interinos, y a qué responde esa situación», dice el catedrático. Pero el Gobierno vasco no lo hace, y los sindicatos están muy enfadados por ello. «Se niega a facilitar datos cuando debería ser absolutamente transparente», clama Igor Eizagirre, responsable de la federación de servicios públicos de ELA. «Se los hemos pedido incluso vía Parlamento, y ni así», lamenta Arantza Agote, de UGT-Euskadi.

Desde Lakua alegan que la situación es cambiante y afecta a distintos ámbitos con gestiones independientes (Osakidetza, sociedades públicas, administración general, Educación...), por lo que no es fácil hacer las cuentas. Y por eso lleva meses elaborando un mapa de la temporalidad que aún nadie conoce. Los sindicatos no se lo creen y consideran que en el Departamento de Función Pública únicamente hay un ánimo de ocultación ante unas cifras vergonzantes.

Años sin información

«Al final, cuando se trata este asunto, todos hablamos a boleo», admite Agote, de UGT, porque «llevamos sin tener datos seis o siete años: no sabemos la plantilla estructural real, qué vacantes se están ocupando...». Hay varios ejemplos del desbarajuste. Los sindicatos cifran en 94.000 los funcionarios dependientes del Gobierno vasco. Fuentes de Lakua, esta misma semana, rebajaron la cifra a «entre 70.000 y 80.000». Mientras que la cifra oficial que aparece en el Eustat, referida a 2015, es 79.992. «Eso no es real», replica Agote, porque según asegura se trata de la plantilla estructural oficial, donde no se cuentan «puestos que se llevan cubriendo durante 15 años con interinidades y que, en realidad, sí son estructurales». Es decir, no responden a ninguna necesidad coyuntural.

El desfase entre ambas realidades es visible, por ejemplo, en Osakidetza. Según aseguran en ELA, la plantilla estructural oficial es de 26.400 personas, pero «todos los días trabajan 35.000», dice Igor Eizagirre. Según los últimos datos conocidos, del 31 de octubre de 2015, la tasa de temporalidad era del 40,03%, «unas 14.000 personas», según Peio Igeregi, responsable de la central abertzale en el Servicio Vasco de Salud. En esa cifra se incluyen tanto quienes cubren plazas no estructurales como quienes suplen las bajas, permisos o excedencias de quienes tienen una plaza en propiedad.

En el acuerdo del miércoles entre el Gobierno español y los sindicatos también se recogía aumentar el catálogo de sectores en los que la tasa de reposición está al 100%. Es decir, donde hay posibilidad de cubrir todas las jubilaciones. Un aspecto que disgusta al Gobierno vasco y a ELA porque limita la autonomía de Euskadi para aumentar plantilla en ciertos servicios, o incluso para crear nuevos puestos en sectores de nueva creación. Una actitud esta que sorprende mucho a Agote, de UGT: «Dicen que la tasa de reposición al 100% limita el autogobierno, pero por otro lado no quieren consolidar empleo para bajar la temporalidad al 8%, como se está proponiendo desde Madrid. ¿Qué lógica tiene?».

Por último, para ELA, en realidad, estamos ante un «desmantelamiento» del sector público. Porque al aumento de la precariedad en la Administración se suma el auge de las subcontratas que, para la central abertzale, son una verdadera «Administración paralela».