La tasa que abonan los ciudadanos de la provincia -a excepción de los domiciliados en Burgos- por el traslado de la basura, su tratamiento y depósito en el vertedero de Abajas-, se confirma como uno de los mayores quebraderos de cabeza del Consorcio Provincial de Residuos. Al margen de la brecha política abierta con grandes ayuntamientos de la provincia como el de Miranda -y en su momento también el de Aranda-, los recibos por este concepto tienen un elevado índice de devolución. O dicho de otro modo, la institución se enfrenta a uno de los mayores impagos de ordenanzas fiscales. Y lo hace, un año sí y otro también. El BOPBUR (Boletín Oficial de la Provincia de Burgos) dedicaba ayer 377 páginas al reclamo por vía de apremio de las cantidades adeudadas por ésta y otras tasas como la de aguas, además de los impuestos de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y de Naturaleza Rústica. En la lista, 22.590 recibos de los cuales, la gran mayoría, tienen como objeto de cobro la 'tasa Abajas'.
La situación no ayuda -por conllevar retrasos y tramitaciones administrativas de coste extraordinario- a cuadrar los balances. Más aún si se tiene en cuenta que ya el pasado año, el Consorcio reconocía una deuda con el Ayuntamiento de Burgos (propietario del vertedero) que alcanzaba los 2,5 millones de euros. Este desfase ya obligó en 2011 a modificar al alza las tarifas. Y ha sucedido lo mismo de cara al ejercicio actual.
Hasta hace dos años el recibo era fijo, de 31,50 euros; en 2011 se movía en la horquilla de los 21 a los 50. El cambio radicó en la fórmula base de medición: los ciudadanos y empresas empezaban a pagar de acuerdo al valor catastral de edificación. A esa misma horquilla se le aplica un incremento del 4,5% para este año. Lo que traducido llevaría a los recibos de titulares de viviendas, almacenes, oficinas, establecimientos comerciales y hosteleros e industrias de distintos niveles, a tener que pagar entre 1,63 y 14,12 euros anuales más. Y eso sin tener en cuenta que la actualización del catastro, al menos en el caso de Miranda, podría conllevar algún salto de nivel. Y, por tanto, más dinero.
Tasa nueva
Hoy la recaudación falla, eso es evidente. Se trata de una tasa relativamente nueva (apenas tiene 4 años), y carece, por tanto, de un nivel de domiciliación bancaria pleno. A ello se suma el importante grado de contestación que tiene -incluso oficial- en poblaciones como Miranda. El Ayuntamiento anunció a finales del pasado año que iba a recurrir el incremento del 4,5% -con lo que cuestiona la tasa que se abonará de forma mayoritaria, los 52,25 euros-. De igual modo no está de acuerdo con el reparto de poder del Consorcio. Burgos no paga, pero su voto de calidad decide. Otro elemento que contribuye al rechazo es la propia naturaleza del cargo: es complementaria a la que los ciudadanos ya pagamos también al Ayuntamiento por la recogida de basuras.
Son algunos de los factores que justificarían ese alto nivel de incumplimiento -más allá de la efectividad recaudatoria del Consorcio y, por extensión, de la propia Diputación-. 22.590 recibos sin cobrar son demasiados. En Miranda se han reclamado 1.367, lo que arrojaría una morosidad en esta tasa que se situaría en el 9,7% si se tiene en cuenta que existirían en Miranda en torno a 14.000 unidades susceptibles de hacer frente a este pago.
La cifra es ligeramente más baja que hace un año (159 impagos menos) lo que fuentes consultadas por este periódico interpretan como el principio de una inercia hacia el cambio. Todos los nombres de la lista disponen de 15 días para hacer frente a la cuantía reclamada en las oficinas locales o comarcales de referencia. Miranda adeudaría en torno a los 40.000 euros de la tasa, identificada como TTRESI.
El número de reclamaciones emitidas en Miranda es considerablemente más alto que el que tiene su origen en la otra gran ciudad de la provincia por volumen de población. Aranda requiere el pago de 850 recibos, 517 menos que en Miranda. Ahora bien, a diferencia de lo que ha sucedido aquí, el la ciudad del Duero el número de morosos ha subido ligeramente, de forma casi testimonial; hay 24 más.
Miranda y Aranda son los únicos grandes núcleos urbanos a los que la Diputación -con gestión limitada a poblaciones de menos de 20.000 habitantes- reclama esta tasa. La única, de hecho, que puede cobrar. Las diferencias con resto a otras localidades son, por ello, notables. En Condado de Treviño, por ejemplo, se han emitido 283 reclamaciones de pago (lo que no deja de ser un significativo teniendo en cuenta su reducido núcleo de población-; la tasa no se ha abonado y por tanto se solicita por esta vía de apremio para 54 inmuebles de Pancorbo; 13 de Bujedo y 10 de Ameyugo.
La Diputación sustenta su argumento de cobro jurídicamente en lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que recogería la posibilidad de hacer público el listado a través del Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, «ante la imposibilidad de notificar las providencias de apremio emitidas contra ellos por el Jefe del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación como consecuencia del incumplimiento de pago en periodo voluntario».
Todos disponen desde hoy de un plazo de dos semanas para comparecer en cualquiera de las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Burgos -de no hacerlo, se entenderá que la advertencia ya ha sido realizada y se buscarán otros cauces para cobrar la deuda, como la n otificación de embargo de las nóminas o el bloqueo de las cuentas bancarias en las situaciones más extremas-. En el caso de Miranda, se remite a la sede administrativa de la Junta, situada en el número 25 de la calle La Estación.
