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Una empresaria grabó a imputados en el 'caso De Miguel' pidiéndole comisiones

POLÍTICA

Una empresaria grabó a imputados en el 'caso De Miguel' pidiéndole comisiones

Las conversaciones, en la que se llegan a exigir 100.000 euros, fueron aportadas por la denunciante al juzgado junto a varias facturas

11.04.10 - 02:47 -
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La investigación sobre la presunta trama de corrupción en la que estarían implicados distintos cargos del PNV en la Diputación de Álava -el llamado 'caso de Miguel'- se inició a partir de la denuncia de una empresaria que aportó ante la Fiscalía de Vitoria las grabaciones en las que los presuntos implicados le exigían una comisión por distintas operaciones urbanísticas en el parque tecnológico alavés de Miñano. La denunciante aportó facturas de diversos pagos llevados a cabo, según ha podido saber EL CORREO. Presuntamente, una de las cantidades exigidas era de 100.000 euros.
El 'caso De Miguel' estalló el 17 de marzo, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, ordenó la detención de Alfredo de Miguel, entonces diputado foral de Administración Local y vicepresidente segundo de la Caja Vital, y de otros siete militantes y cargos del PNV. Entre ellos se encontraba el burukide del ABB Aitor Tellería; el entonces miembro del Tribunal Vasco de Cuentas, Alfonso Arriola; Koldo Otxandiano, gerente del Instituto de Bienestar Social en el primer año del mandato del jeltzale Xabier Agirre al frente del Ejecutivo alavés; el empresario de la construcción Jon Iñaki Echaburu; Iratxe Gaztelu, candidata del PNV al Parlamento en las últimas autonómicas y esposa de Otxandiano; Ainhoa Bilbao, mujer de De Miguel y Araceli Bajo, esposa de Tellería. Los arrestados -que ya han dejado todos sus cargos políticos- son acusados de los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y, tras declarar ante el juez, quedaron en libertad sin fianza pero con cargos.
Varios de los detenidos tienen un nexo en común: haber trabajado para el parque tecnológico de Miñano. Alfonso Arriola fue gerente de este polígono entre 2003 y 2007. Aitor Tellería fue director del Centro de Empresas e Innovación de Alava, ubicado en Miñano. Y también el vizcaíno Jon Iñaki Echaburu, quien creó junto a una socia, indentificada con las iniciales A.A., Urbanorma Consulting S.L., firma domiciliada en el centro de Bilbao. Corría mediados de 2006. Semanas después de constituirse, se le adjudicó 'a dedo' -sin concurso público- la gestión de la mayor operación de ampliación de terrenos del complejo empresarial alavés, con accionariado mayoritario del Gobierno vasco (entonces liderado por Ibarretxe). Al parecer, estas adjudicaciones son habituales en el sector.
Por estos trabajos, como adelantó este periódico, Urbanorma iba a percibir «un máximo de 600.000 euros», honorarios que recibía según se iban cerrando unas operaciones de compraventa que aún continúan -se han adquirido 74 hectáreas-. Sin Echaburu, eso sí, porque el empresario del PNV, acuciado por las deudas, vendió su parte en la sociedad a su socia en enero de 2008. Fuentes oficiales del complejo de Miñano explicaron, no obstante, que al final sólo se gastarán «400.000 euros» porque al parecer se han cerrado precios más bajos de los esperados.
En el otro extremo de la trama se encuentra la firma Kataia Konsulting S.L., creada en 2005 a nombre de Iratxe Gaztelu, Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo -casualmente, las iniciales de éstas y sus maridos conforman el nombre de la empresa, como se comenta en círculos de los implicados-. Esta consultoría tiene su sede en una sociedad gastronómica de Vitoria a la que pertenece el ex diputado de Administración Local.
Kataia, sin movimiento
Según las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, desde la dirección del parque se pidió una comisión a una mujer vinculada con una de las empresas implicadas en la trama. La afectada rechazó la exigencias que se le realizaban. Tras diversas gestiones, consiguió reunir pruebas sobre las personas que le habían reclamado el dinero. Al parecer, uno de los implicados era el propio gerente de Miñano, Alfonso Arriola.
La denunciante grabó varias conversaciones en las que se discutía sobre el pago de la comisión. De la misma forma, aportó facturas de pagos realizados. Algunos de ellos, supuestamente, tenían como destinataria Kataia, una empresa «menor» que apenas ha realizado movimientos contables en sus escasos cinco años de existencia y que nunca ha publicado sus cuentas en el Registro Mercantil (no tenía empleados, teléfono o página web). Se constituyó para gestionar una herencia y en su patrimonio sólo constan cuatro fincas rústicas en la localidad vizcaína de Fruniz, a 30 kilómetros de Bilbao.
La investigación emprendida en el juzgado alavés se ha extendido, además, a otras firmas relacionadas con el parque, en especial, con la adquisición de nuevos terrenos iniciada en 2006. Asimismo, se están examinando los movimientos contables vinculados con Kataia, sobre todo, y con otras firmas vinculadas a los imputados. El diputado general alavés, Xabier Agirre, ya se ha apresurado a recalcar que la institución que preside no ha contrato nunca con las empresas vinculadas con el ex diputado de Administración Local. Las cifras exigidas rondaban los 100.000 euros, según fuentes judiciales. Esta es la cifra que se barajó en uno de los casos conocidos, aunque diversas fuentes han señalado que, en algunas ocasiones, la cantidades reclamadas eran menores.
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De Miguel, tras su última visita a la Diputación alavesa. :: I. AIZPURU

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