El PP secunda en Miranda una moción contra las tasas judiciales de Gallardón

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Miranda tiene su propia opinión sobre la ley de tasas judiciales aprobada por el Ministerio de Justicia: está en contra. Ayer abandonó la disciplina de partido al respaldar la moción de PSOE e IU contra las reformas impulsadas por Alberto Ruiz Gallardón. Lo hizo, explicó, porque se siente en sintonía con «el fondo» que se expresa en el documento. Y aunque rechazó «la forma» en que éste fue defendido por el equipo de Gobierno, en la práctica, no pidió que se modificase el texto en ningún punto, y dejó claro que se opone a un cambio normativo que está siendo ya muy cuestionado por magistrados, jueces, procuradores y fiscales.

«Entendemos que un recurso de apelación de 800 euros es caro. Es mucho dinero y al final convierte a los jueces de primera instancia en personas que no pueden ser recurridas por el coste de ese procedimiento. Por lo tanto, el PP va a votar a favor de esta moción, no por los comentarios que hemos oído aquí, si no por el fondo, porque entendemos que la justicia debe ser para todos: Sería bueno intentar solucionar (los problemas que ésta tiene hoy) de otra manera». Así concluyo Maite Porro, procuradora de profesión, el argumento con el que su partido respaldó la moción.

Antes, eso sí, calificó de «lícito» el fin «supuesto» de la medida aprobada por el Ministerio: «Fomentar la justicia gratuita y que la gente sin recursos pueda acceder a ella libremente al juzgado. Otra cosa sería delimitar si realmente si eso se va a conseguir con la ley o no. Nosotros creemos que quizás no se consiga por la diferencia entre justicia gratuita y no gratuita». Porque, al final, «la persona que puede ganar 1.200 euros al mes es la que va a tener que pagar todas estas tasas».

Maite Porro intentaba durante una exposición que apenas se prolongó cuatro minutos, mantener un equilibrio difícil: criticar una decisión de su propio partido -con uso profuso de condicionales; del 'quizás' y el 'puede'-, relajando el rechazo con dosis de comprensión. Y, también, desviándose en determinados momentos del hilo básico del debate. Porque más allá de las tasas abogó por la revisión del concepto y el uso que se da «en este país a la justicia gratuita»; apostó por una especie de organismo o ente regulador que filtre; «que regule qué se puede y qué no se puede presentar porque justicia gratuita no es pleitear por todo»; y una mejor coordinación de todo el personal implicado para que funcione con una mayor agilidad y eficacia.

Cambio «radical»

La moción critica el cambio normativo «tan radical» que se ha producido y el hecho de que no haya tenido en cuentan las opiniones de ninguno de los sectores implicados o el resto de las formaciones políticas parlamentarias «extendiéndose el pago de las tasas judiciales a toda persona física y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social».

La portavoz socialista, Aitana Hernando, había defendido en su intervención el «retroceso brutal» que supone la ley de tasas «en los derechos de la ciudadanía hasta el punto de que supone volver a un sistema preconstitucional, cuando el que no podía pagar una tasa no podía acudir a la justicia en defensa de sus derechos». Las tasas se suprimieron en 1986 y en 2002 se reintrodujo una para aquellas empresas que tuviesen un volumen superior de ingresos de 6 millones de euros -tasa que sí se consideró constitucional porque, en la práctica no impedía el acceso universal-. «Pero en 2012 se elevan de forma desmesurada las tasas y afectando a todas las personas físicas y en todos los órdenes jurisdiccionales».

Fue Conchi Ortega (IU) la encargada de poner ejemplos concretos: recurrir una multa de tráfico de 100 euros, agotada la vía administrativa, le costaría al ciudadano 200 euros en tasas; reclamar una factura errónea de teléfono, luz o gas por valor de 80, otros 200 euros; y hacerlo porque le han cancelado un vuelo sin justificación aparente causándole daños por valor de 2.500 euros, 312 por la tasa si opta por acudir a la justicia. La ley, en suma, «supone la defunción del estado de derecho y vulnera el derecho a la igualdad porque las tasas se fijan conforme a procedimiento y no a la renta», resaltó la concejala.

La unanimidad llevó a Fernando Campo a proponer la cancelación de la segunda ronda de intervenciones «porque la voluntad esta clara... y también por ahorro energético», bromeó. Algo que sucedió ayer en dos ocasiones. Porque previamente, la moción de los partidos integrantes del Ejecutivo en contra del fracking o fracturación hidrológica, también había sido secundada por la oposición en la primera fase del debate.

En este caso fue Borja Suárez el que argumentó los porqués del apoyo a la propuesta de PSOE e IU. Tras recordar que la legislación que permite este tipo de prospecciones para extraer gas del subsuelo en España salió adelante en la última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque resaltó «su carácter garantista», el portavoz de los populares defendió también la declaración de Miranda como 'Municipio libre de fracturación hidráulica (fracking)' «por las dudas que existen sobre este procedimiento y la incertidumbre que se da en estos momentos».