Rodrigo Rato, de 2,34 millones a 600.000 euros

El Gobierno aplica la tijera a los sueldos de los consejeros y directivos de las cajas que han recibido ayudas públicas y les impone drásticas rebajas en su retribución. Sobre la base de los ingresos actuales, reflejados en un informe del Banco de España, las nuevas remuneraciones máximas suponen recortes medios de entre el 65% y el 76%. El exvicepresidente Rodrigo Rato, actual presidente de Bankia y anterior gerente del FMI, que en el último ejercicio cobró 2,34 millones por el desempeño de su función en la caja, verá limitada este año su remuneración a 600.000 euros, poco más de la cuarta parte.

Los topes se incluyen en el decreto sobre reforma del sistema financiero aprobado ayer por el Ejecutivo. En las entidades participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), los consejeros podrán cobrar un máximo de 50.000 euros anuales y la retribución de los altos directivos estará por debajo de los 300.000, lo que en el caso de los presidentes implica una disminución del 76% sobre la media actual y en el de los ejecutivos, del 66%. Para las entidades financiadas con préstamos del Fondo, la retribución máxima de un consejero será de 100.000 euros anuales y la de los altos directivos no podrá superar los 600.000. El recorte equivale al 67% en el caso de los presidentes y al 65% en el de consejeros delegados y directores generales.

Las retribuciones variables, que conforman buena parte del sueldo de los altos ejecutivos, no se podrán conceder este año en las entidades mayoritariamente participadas por el FROB , como CatalunyaCaixa o Novacaixagalicia. En las que obtuvieron préstamos (Bankia, Banca Cívica, BMN), al cabo de tres años se revisará si la ayuda financiera ha cumplido su finalidad antes de asignarse cualquier tipo de complemento, explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Alarma social

Sueldos y pensiones cobrados por administradores y directivos de cajas quebradas o intervenidas suscitaron gran escándalo social. Para evitar que se repitan, y puesto que la normativa europea sobre ingresos de la alta dirección de la banca ha tenido escaso o nulo seguimiento, el Gobierno ha establecido un techo a las ganancias. Como las limitaciones no pueden tener efecto retroactivo, los ejecutivos podrán cobrar las cuantías pendientes de ejercicios anteriores.

También hay administradores de los que no se ha hecho público el importe individualizado del sueldo y otras compensaciones, porque los interesados se negaron a divulgarlas escudándose en la Ley de Protección de Datos, pero la información la tiene el Banco de España.

Hay situaciones parecidas a la de Rato, que afectan a directivos bancarios con dilatada experiencia 'fichados' por las cajas para contribuir a ponerlas a flote. También en Bankia, el consejero delegado, Francisco Verdú -que desempeñó diversos puestos en Argentaria y fue consejero delegado y vicepresidente de Banca March- pasará de ganar 2,26 millones a un máximo de 600.000.

En Banca Cívica, que recibió fondos de la primera fase del FROB, los copresidentes Enrique Goñi y Antonio Pulido tendrán que rebajarse el sueldo de 900.000 euros actuales a la tercera parte. Y en BMN, el presidente, Carlos Egea, pasará de ganar 450.000 a 300.000.

De BMN cobró el propio De Guindos, antes de formar parte del Gobierno y como consejero independiente, 65.000 euros con cargo al último ejercicio completo. Fue miembro de las comisiones ejecutiva y de auditoría, y su retribución no hubiera sobrepasado los límites que se aplicarán en este ejercicio.

En las cajas mayoritariamente participadas por el FROB Adolf Todó, que cobra 1,55 millones al frente de CatalunyaCaixa, se va a encontrar con un severo recorte, que dejará su retribución en 300.000 euros. En Novacaixagalicia, el presidente José María Castellano, que ahora cobra 900.000 euros, no podrá sobrepasar unos ingresos de 300.000, e idéntico ajuste a la baja sufrirá la retribución del consejero delegado César González Bueno. El presidente de Unnim, Jordi Mestre, tiene un sueldo que triplica el techo ahora establecido, si bien se trata de una entidad que se subastará en marzo.

La reforma aprobada incorpora algunos cambios en la organización de las cajas, con el propósito de simplificarlas. Las entidades deberán destinar obligatoriamente a Obra Social al menos el 90% de los ingresos que obtienen en concepto de dividendos como accionistas de los bancos de los que son propietarias.