¿Pueden tus perfiles en redes sociales dejarte sin hipoteca?

Cada vez hay más maneras de controlar los pasos de cualquiera en su día a día: cómo y dónde gasta el dinero, sus hábitos de viaje, los gustos personales… Todo se puede registrar a través del móvil, el uso de la tarjeta de crédito o la simple navegación por páginas webs. ¿Estamos dispuestos a que las empresas conozcan lo que subimos a las redes sociales (o nuestros datos biométricos) para participar en un sistema de calificación social que sirva, por ejemplo, para lograr un crédito hipotecario o una rebaja en el alquiler? El 45% de la población mundial sí lo estaría cuando se trata de conseguir un trabajo, el 43% si es para conseguir mejores precios y el 44% si la finalidad es acceder a servicios especiales, según el informe «Crédito social y seguridad: la acogida del mundo de las calificaciones» elaborado por la empresa de ciberseguridad Kaspersky.

En 2014 el gobierno chino declaró su intención de crear un «sistema de crédito social» (SCS) en el que se asignaba a cada ciudadano y cada empresa una puntuación (crédito social) basada en su sinceridad, honestidad e integridad. Ese crédito social influiría en las posibilidades para conseguir un crédito, alquilar un piso, comprar un billete de avión, acceder al funcionariado… e incluso obtener servicio preferente en algunos hospitales o universidades. Tal como estaba previsto inicialmente el SCS, contaría incluso subir informaciones falsas a las redes sociales, jugar demasiado a videojuegos o infringir el código de circulación. La manera de llevarlo a cabo sería con Big Data para monitorear el comportamiento de todos los ciudadanos en tiempo real, utilizando infraestructura de vigilancia y reconocimiento facial para las actividades offline y también el rastreo de las actividades online.

Los gustos de las personas se pueden revelar -sobre todo ahora que la mayoría de la población mantiene distancia social y se comunica con buena parte del mundo a través de la tecnología- siguiendo sus pasos en Facebook, Pinterest o Google. Sus hábitos de consumo pueden dilucidarse con Amazon o Netflix; su aspecto y comportamiento se revela en redes sociales como Twitter, TikTok o Instagram; y su historial laboral en LinkedIn. Si se reúne toda esa información se puede tener una visión global de una persona, lo que supone una información muy golosa para las empresas y los gobiernos.

Diversos estudios y especialistas en China apuntan a que, tras décadas de controles estrictos por parte de aquel gobierno y un sistema penal que se percibe como injusto, hay desconfianza en la sociedad y las personas tiene mucho cuidado en con quién se relacionan. El objetivo del crédito social sería conseguir que la gente esté más dispuesta a colaborar con otros.

En 2018 se empezó a implementar el sistema, más suavizado respecto a las previsiones iniciales y de forma piloto en diversas ciudades, pero no se ha desarrollado del todo. Entre otras razones, porque cada ciudad piloto recoge los datos de distinta manera. Se suponía que el SCS estaría vigente en toda China a finales de este año, pero la pandemia ha llevado al gobierno del país asiático a cambiar ciertos aspectos. Por ejemplo, algunos gobiernos regionales han establecido castigos para las empresas que suban de forma desproporcionada el precio del material sanitario y fabriquen productos que no cumplan con los estándares legales. En cambio, no sancionan a los ciudadanos o empresas que hayan tenido que reajustar los plazos de pagos al haber perdido temporalmente su fuente de ingresos y prima a quienes contribuyan a la investigación en la prevención y control del Covid-19.

La base del SCS se calificó en los países occidentales como 'orwelliana', por lo que suponía de control de la vida de los ciudadanos. También por la divulgación de los individuos de la lista negra correspondiente a los ciudadanos con peor nota y a los de la lista roja, que serán los recompensados en función de sus acciones. Lo cierto es que estos sistemas de crédito social se van colando de forma casi inadvertida en nuestras vidas cotidianas: al puntuar a un vendedor por internet; si una empresa de alquiler de vehículos penaliza a un conductor que haya perdido puntos en el carnet de conducir... El informe «Social credits and security: embracing the world or ratings» de Kaspersky analiza cómo las actividades online impactan en nuestras vidas y cómo la sociedad reacciona a la posibilidad de que los gobiernos o las empresas tengan acceso a todos esos datos para proporcionar servicios.

Por ejemplo, la plataforma de alquiler ocasional de vivienda AirBnB utiliza inteligencia artificial para calificar a los potenciales huéspedes con un analizador de riesgos. Éste genera un perfil basándose en la actividad online del usuario, sobre todo en las redes sociales. Según la web de la plataforma, además de controlar que los huéspedes y anfitriones no figuran en listas «de vigilancia de normas, terrorismo o sanciones» y comprobar sus antecedentes, se utilizan «análisis predictivos y aprendizajes automáticos para evaluar al momento cientos de señales que nos ayudan a detectar e investigar cualquier actividad sospechosa antes de que se produzca».

Kaspersky encargó a la empresa Toluna un estudio en el que se ha entrevistado a 10.500 consumidores de 21 países, entre ellos España. Según los resultados globales, el 51% de la población está de acuerdo en que los gobiernos vigilen la actividad de las redes sociales para la seguridad de los ciudadanos, frente a un 24% que no confía en el uso que los gobernantes puedan hacer de sus datos. Por su parte, un 61% confía en el uso que harían de sus datos empresas médicas, bancarias o de seguro.

El 21% de los encuestados ha experimentado un SCS, sobre todo al contratar un servicio financiero, en compras online, redes sociales, servicios públicos, contratar un seguro, la sanidad y la educación. De todos estos apartados solo los servicios financieros están regulados, por lo que el informe recoge también que no se puede determinar qué criterios se han seguido para establecer el sistema de crédito social ni si son correctos o no. En España esta cantidad es una de las más bajas de los 21 países que se han incluido en el estudio, con un 7% de personas que dicen haberse encontrado con un ranking de crédito social.

Un 18% de los consumidores afirma que ha tenido problemas en conseguir una hipoteca o un crédito debido a la información recogida sobre ellos en las redes sociales.

Aunque esos mismos datos globales indican que el 47% de la población ha oído hablar de un SCS, la diferencia es abismal entre las respuestas de los ciudadanos asiáticos, con el 71% en China a la cabeza, o los europeos: en Austria y Alemania solo conocían el sistema el 13% de quienes respondieron a la encuesta, y en España habían oído hablar de él un 19% de los encuestados.

La mayoría de los que respondieron a la encuesta, el 70%, está de acuerdo en que una mala puntuación correspondiente a un mal comportamiento debería afectar al acceso de la persona a vivienda, transporte, educación e incluso a su capacidad de viajar.

Las preguntas que se plantea Chengyi Lin, profesor de la escuela de negocios INSEAD y experto en transformación digital, en el informe Kaspersky se refieren a la privacidad de los datos de los ciudadanos y la seguridad del SCS. Si los consumidores son conscientes de lo que supone ofrecer sus datos con tanta facilidad a empresas y comercios; si existen los suficientes conocimientos para que los resultados de los algoritmos que traten esos datos sean fiables y quién debe controlar que el sistema funcione bien y se utilice para los fines establecidos.