El Vaticano teme que el 'caso Gaztelueta' provoque una avalancha de reclamaciones

El derecho canónico, en principio, sólo permite juzgar a los sacerdotes y religiosos, una condición ajena al maestro condenado, que es un laico numerario del Opus Dei. Si bien es cierto que la reforma de esta legislación impulsada por Francisco el año pasado permite aplicar penas también a seglares que desempeñen algún cargo de responsabilidad en las instituciones eclesiales, ésta no es la situación del 'caso Gaztelueta', que simplemente era profesor en el colegio de Leioa. Los abusos, además, tuvieron lugar entre 2008 y 2010, antes de que entrara en vigor la citada reforma, y en una escuela concertada que no pertenece a la diócesis de Bilbao.

El hecho de que el Papa haya hecho una excepción en este caso ha provocado cierta perplejidad entre los expertos en derecho canónico y puede sentar un precedente para las otras víctimas de abusos sexuales cometidos por personas vinculadas a la Iglesia católica, pero que no sean sacerdotes ni religiosos. Se trataría, por ejemplo, de los catequistas, profesores de religión o monitores de grupos de scouts católicos, entre otros. Además de la dificultad para el derecho canónico de definir el castigo que le correspondería a un laico, está la espinosa cuestión de las indemnizaciones. No está claro si tendría que pagarlas el agresor o existiría también una responsabilidad compartida, que afectaría a la organización eclesial a la que pertenece o incluso a la diócesis implicada.

El 'caso Gaztelueta' puede abrir un camino y animar a otras víctimas de abusos cometidos por laicos en ambientes eclesiales a que también se lancen a pedir justicia y reparación a la Iglesia, no quedándose únicamente en los tribunales civiles. El melón que ha abierto Francisco podría así dejar temblando a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio vaticano encargado de juzgar la pederastia eclesial, debido a la eventual avalancha de casos de este tipo que tendría que afrontar.

Uno de los más recientes en España salió a la luz en Sevilla el pasado octubre, cuando se supo que un catequista laico estaba siendo investigado por presuntos abusos sexuales a un menor que habrían tenido lugar en un campamento organizado por el grupo Cristo Joven.

Juan Cuatrecasas, padre de la víctima de Gaztelueta y presidente de la asociación Infancia Robada, asegura que estaría «encantado» de que el caso de su hijo «sentara jurisprudencia». «La Iglesia debe atender a todas las víctimas, es de justicia y es un deber cristiano. Debe romperse el silencio y la impunidad frente a los abusos que se cometen bajo su paraguas por parte también de los laicos», sostiene.