Séptimo revés judicial a las medidas de Urkullu contra el virus
Ningún otro gobierno autonómico acumula tantos pronunciamientos en contra en la lucha contra el virus
XABIER GARMENDIA
Lunes, 22 de noviembre 2021, 14:36
El rechazo al pasaporte covid para acceder a las discotecas, pubs y restaurante de más de cincuenta comensales supone el séptimo revés de los ... jueces al Gobierno vasco en poco más de año y medio. El anterior fue con motivo de los aforos en los estadios de fútbol, cuando los magistrados vascos obligaron a ampliarlos del 30% al 60%. Ningún otro gobierno autonómico acumula tantos pronunciamientos en contra en la lucha contra el virus. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tumbado desde el cierre de la hostelería hasta la pretensión de restringir derechos fundamentales sin el paraguas del estado de alarma.
El primer varapalo llegó en agosto de 2020, cuando el TSJPV derribó el recorte en el horario de los pubs. Autorizó que abrieran hasta las 3.00 horas en lugar de la 1.30, si bien esa ampliación no tuvo efectos prácticos porque ese mismo día el Ministerio de Sanidad anunciaba el cierre de discotecas y bares de copas en toda España. El segundo revés llegó en octubre y fue el que, en gran medida, precipitó la declaración del segundo estado de alarma. El Superior tumbó la intención de Lakua de restringir los encuentros de más de seis personas. Aquella decisión llevó a Urkullu a pedir a Pedro Sánchez el regreso a la legalidad excepcional.
En febrero de este año, ya bajo el nuevo estado de alarma, llegó el tercer y tal vez más polémico auto judicial. La Sala presidida por Luis Ángel Garrido autorizaba la reapertura inmediata de bares y restaurantes en municipios con alta incidencia al estimar que no representaban «un elevado riesgo cierto para la salud pública». En plena ola de contagios tras las celebraciones navideñas, el tribunal no veía acreditada la influencia de la actividad hostelera en el repunte de positivos.
En mayo, cuando el estado de alarma estaba a punto de expirar, el Superior tampoco permitió al Gobierno vasco limitar la movilidad –ni el toque de queda– y las reuniones al no apreciar un aval en la legalidad ordinaria. Por último hasta esta semana, en agosto anuló la obligatoriedad de usar la mascarilla en playas y piscinas que recogía un decreto del lehendakari de julio.
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