La pandemia dispara un 147% las quejas ante el Ararteko por temas sanitarios

Manu Lezertua ha puesto de relieve tras entregar el informe a la presidenta de la Cámara vasca, Bakartxo Tejeria, que «el área de Salud» de la institución que dirige «se ha visto muy solicitada en 2021». En su opinión, la principal razón es que «la pandemia ha estresado mucho» el sistema sanitario, lo que ha conllevado que «en los picos» de la transmisión del virus se hayan «pospuesto operaciones». Esas personas, «considerando que el retraso era excesivo», han protestado ante el Ararteko, ya que «tenían dolores» o pensaban que «podría verse agravado su estado de salud» por la demora.

Pero, al margen de la asistencia, los retrasos, la cancelación de consultas y pruebas diagnósticas o la falta de ambulancias, «temas recurrentes», los vascos también mostraron su descontento con aspectos vinculados a la covid-19. Uno de ellos fue el de la calendarización de la vacunación por tramos etarios, «una fuente de quejas», con «colectivos de personas con determinadas enfermedades que consideraban que tenían que ser prioritarios». El pasaporte covid, considerado «superfluo» por algunos de los reclamantes, que pedían intervención contra su «generalización», y el uso de mascarillas en los centros escolares también forman parte de un informe que, pese a centrarse en las quejas escritas, no obvia que «las consultas telefónicas» sobre estos aspectos fueron «muchas».

A nivel general, el Defensor del Pueblo vasco llevó a cabo el pasado año 12.491 actuaciones (un 27% más que un año antes), de las que 7.578 fueron quejas y consultas que derivaron en 2.470 expedientes. Uno de cada cinco, la cifra más alta por áreas, correspondieron a la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda. Los escritos sobre las ayudas que concede Lanbide alcanzaron los 458, más del 90% de los relacionados con el ámbito de la inclusión social. En este caso, la pandemia no ha influido tanto en las cifras como en la tipología de las reclamaciones, relacionadas con las resoluciones del Servicio Vasco de Empleo, pero también con las «dificultades para la comunicación con los servicios públicos».

Pero si algo preocupa en la institución es que las quejas recibidas sobre las prestaciones «ponen de manifiesto una agudización de problemas sociales», advierte el informe. Así, aumentaron las reclamaciones de quienes viven en la calle, de desalojos de asentamientos, sobre la necesidad de recursos asistenciales para personas en exclusión y con problemas de salud mental, de mujeres con niños a su cargo que temían un desahucio...

Del total de expedientes tramitados, de hecho, el 47% estuvieron relacionados con derechos sociales como la salud, la inclusión social, la vivienda, la educación y los colectivos de atención pública (mujeres, mayores, niños, discapacitados, inmigrantes, personas LGTBI...). El 80% de las actuaciones administrativas en las que se había detectado alguna irregularidad se solucionaron cuando el Ararteko solicitó información a las administraciones sobre esos asuntos, sin necesidad de emitir una resolución.

En ese sentido, se redactaron 38 recomendaciones, que se sumaron a las 26 pendientes de 2020. Sin embargo, las instituciones no aceptaron o ignoraron seis de cada diez. El silencio en muchos de esos casos escama a la oficina que dirige Lezertua, que en el balance deja claro que «este tipo de actitudes», además de mermar «el reconocimiento de las funciones» que el Parlamento vasco atribuye al Ararteko, son «desconsideradas con los ciudadanos» que solicitan su amparo.