Osakidetza conocía desde julio las irregularidades en la OPE de Neurocirugía

La magistrada Ana Zulueta decidió el pasado diciembre incluir estos exámenes en la investigación por fraude en las oposiciones médicas y elevó a trece las categorías bajo sospecha. Fuentes de la consejería explicaban este lunes que desde que se judicializó toda la causa relacionada con las oposiciones médicas, los pasos que ha dado Osakidetza se han adoptado siempre siguiendo las indicaciones que les han trasladado desde el juzgado. Recuerdan que ya se paralizó la asignación de las primeras once categorías investigadas y que se ha decidido hacer lo mismo con las dos añadidas, Neurocirugía y Neurofisiología. La medida es cautelar a la espera de que la investigación penal que tiene en marcha el juzgado avance y tome una decisión sobre la validez de aquellas pruebas.

En el escrito que ESK envió el 19 de julio dirigido a la consejera, Nekane Murga; al director general de Osakidetza, Juan Diego; a la directora de Recursos Humanos del ente, Pilar Uriarte, y al jefe de servicio de Neurocirugía y autor del examen teórico de esta categoría en la OPE investigada, José Antonio Elexpuru, se advierte que los resultados de aquel primer ejercicio fueron «estadísticamente insólitos». «De 23 personas que se presentaron 18 obtuvieron una media de 47,50 puntos, mientras que los otros 5 la lograron de 91,60». A esto hay que sumar que «entre el quinto mejor examen y el sexto hay una diferencia sustancial de 25 puntos y ningún candidato logró una nota intermedia entre 65 y 90».

En su carta ESK advierte que «esta anormalidad estadística» fue advertida también por el Sindicato Médico de Euskadi, que en su informe sobre esta categoría «concluye que existen indicios marcados de filtración». También el análisis realizado por la Universidad de Oviedo, a petición del Departamento, alertaba que los resultados de los candidatos no seguían una distribución normal y que «llama la atención que ningún aspirante haya obtenido puntuaciones entre 65 y 90». A su vez se comunicó a Osakidetza que las mejores notas en el ejercicio teórico las lograron facultativos del hospital de Basurto -caso de tres de ellos-, mientras que otra cuarta que trabaja actualmente en Vitoria realizó la especialidad en el centro bilbaíno. El sindicato considera, y así se trasladó a Osakidetza, que estos opositores acudieron al examen «de manera ventajosa respecto al resto, lo que vulnera cualquier principio de igualdad que debe regir cualquier proceso selectivo de las administraciones públicas».

La central pidió entonces la paralización cautelar de la OPE en esta categoría al entender que los indicios trasladados eran suficientes para invalidar el proceso. Salud no atendió la petición y el 30 de octubre dio orden de publicar los nombres de las personas que habían obtenido las valoraciones más altas y su plaza como personal estatutario de Osakidetza. Para ESK, la decisión del departamento de seguir adelante con el proceso en Neurocirugía hasta que tuvo conocimiento oficial por parte del juzgado de que la categoría estaba siendo investigada, supone «avalar el sistema clientelar para la asignación de plazas». El delegado sindical Patxi Nicolau destaca que «al menos los anteriores gestores tuvieron el gesto de abrir una investigación interna cuando recibieron las denuncias de posibles irregularidades. No sirvió para nada, pero los actuales dirigentes ni si quiera han dado ese paso».

Precisamente este martes estaban citados a declarar en calidad de investigados los autores de los exámenes teóricos de Neurocirugía y Neurofisiología, las dos últimas categorías incluidas en la investigación por fraude. Finalmente la jueza comunicó este lunes que aplazaba las citaciones a petición de la defensa de uno de los imputados. Según trasladaron a este diario fuentes próximas al caso, su defensa había solicitado más detalles sobre la denuncia y las causas por las que se investigaba a su cliente por un presunto delito de revelación de secreto por parte de funcionario público.

Por otro lado LAB, junto a ESK uno de los dos sindicatos personados en la causa, quiso criticar este lunes los modos con los que la seguridad del hospital de Santiago trata de «amedrentar» a los militantes que colocan carteles en el centro en los que se critica la presunta irregularidad contable en el servicio de cocina que la central denunció a la Fiscalía.