El caso de la OPE de Osakidetza afronta una semana crucial con la declaración de 13 personas

Tres sindicatos denunciaron aquellos hechos. ELA espera que se llegue hasta el final y se identifique a los responsables del fraude en las once categorías investigadas y, si es posible, en alguna más. «La Fiscalía dice que Osakidetza ha sido arte y parte y que lo de esta convocatoria no ha sido algo aislado. Hay una serie de jefes de servicio que manejan las contrataciones, tanto las de las OPE como las temporales. Osakidetza debe acabar con este sistema y hacerlo transparente», exige la central.

LAB confía en que los citados esta semana «ayuden a dibujar una realidad que ya conocemos y que digan la verdad». Este sindicato reclama «recortar el poder absoluto de algunos jefes» en materia de contratación. Y espera que el año que llevan investigando este presunto fraude y los datos que puedan aportar ayuden a esclarecer todo lo sucedido.

ESK, el otro sindicato que denunció los hechos ante la Fiscalía, no descarta pedir llamar a declarar en calidad de testigo al exconsejero Jon Darpón. Y acusa a Osakidetza de «osada» por no paralizar el proceso de las categorías investigadas. Salud decidió repetir las pruebas en tres debido a sus mayores evidencias de fraude –Anestesia, Cardiología y Angiología– pero la Justicia las paralizó. «Puede darse el caso de que adjudiquen las plazas de funcionario a unas personas y luego haya que revocarlas porque la Justicia determine que hay que repetir esos exámenes por sus irregularidades», advierten.

Esta última fase de la instrucción comienza un año después de que saltase el escándalo. Una tormenta que golpeó en el seno del Gobierno vasco y se llevó por delante al exdirector general de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto; la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al exconsejero Jon Darpón, el primer consejero que presenta su dimisión en cuarenta años de Ejecutivo vasco. Algo que hizo en marzo empujado por la oposición y el temor a una posible moción de censura que, muy probablemente, habría salido adelante impulsada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos y con el dejar hacer del PP.

Pero la crisis saltó antes y lo hizo cuando varios médicos decidieron dar un paso adelante y denunciar una forma de proceder asumida durante décadas pero alejada de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en cualquier OPE, para que los jefes de servicio pudiesen mantener a sus equipos de confianza en los hospitales. El primero que alzó la voz fue un cirujano del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del hospital Donostia y miembro de tribunal. El 30 de mayo envió una carta a la directora general de Osakidetza en la que denunciaba un resultado «insólito» en su especialidad: cuatro de los cinco aprobados en la prueba teórica trabajaban en Basurto. Le siguieron Podemos y tres anestesistas afiliados al sindicato ESK. 'Adivinaron' ante notario la identidad de las cuatro notas más altas de la oposición de Anestesiología y Reanimación una semana antes de la celebración de la prueba.

ELA, LAB y ESK acudieron a la Fiscalía. Se investigaron 19 categorías médicas, aunque finalmente el Ministerio Público apreció indicios de delito en once, que son las que se recogieron en el informe que presenta ante el juzgado. Las filtraciones impulsaron a Osakidetza a aplicar nuevas medidas de seguridad en las OPE. Se van a probar con las 26 últimas plazas de médico especialista. Entre las más destacadas, que las pruebas se prepararán fuera de Euskadi, los tribunales se elegirán por sorteo y sus miembros no sabrán el contenido de los exámenes hasta dos horas antes de su celebración.

Medidas que llegan tarde para las especialidades médicas que investiga el Juzgado de Instrucción Número 2 de Vitoria, donde mañana empiezan las declaraciones de testigos y acusados.