El Gobierno vasco renuncia al certificado covid tras otro «incomprensible» varapalo judicial

Un nuevo y «sorprendente» revés para el Gabinete Urkullu, que se dolió especialmente por los argumentos y las críticas veladas que los jueces vertieron sobre la documentación que les había enviado. Pasadas unas horas del auto judicial, Lakua emitió un comunicado, ya entrada la tarde, en la que tilda de «incomprensible» la postura del Tribunal Superior y el trato discriminatorio que recibe Euskadi respecto a otras comunidades. Vino a decir el Gobierno vasco que los jueces le están dejando sin armas para combatir de manera preventiva esta incipiente sexta ola, no como en Galicia, Cataluña e Islas Baleares, donde el pasaporte covid está en vigor con aval judicial.

Al Ejecutivo autónomo le quedaba la opción de acudir en casación al Supremo. Una vía que, según las fuentes consultadas, podía ser favorable a sus intereses, habida cuenta de la posición defendida por el Ministerio Público y el voto particular del presidente de la Sala, Luis Garrido, que se desmarcó de sus dos compañeros de tribunal y sí se mostró favorable al pasaporte covid.

Pero ese hipotético visto bueno del alto tribunal habría llegado, según el equipo de Urkullu, demasiado tarde. Nunca antes de dos o tres semanas, cuando la pandemia pudiera estar ya en otra fase -seguramente peor- y el 'pase covid' ya no tuviera sentido tal y como se plantea ahora. De ahí que ayer anunciara que renuncia a recurrir. «Las medidas se deben tomar antes (...). Lo que verdaderamente es urgente sigue siendo establecer medidas que sirvan para controlar la extensión de la pandemia», expuso el Gobierno vasco. Visto lo visto, si Lakua quiere actuar, deberá esperar a una decisión colegiada entre el Gobierno central y las comunidades o dar un paso al frente y decretar de nuevo la Emergencia Sanitaria para que actúe como paraguas jurídico para posibles restricciones.

Son varios los argumentos esgrimidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo para tumbar el pasaporte covid. El principal, como ya se temían algunos juristas, es que era una propuesta general para toda Euskadi. No se tenía en cuenta la situación pandémica de cada territorio histórico y afectaba «indiscriminadamente» a toda la autonomía, lo que no encaja, a su entender, con la jurisprudencia del Supremo. Además, los jueces consideran que no hay conexión directa entre los posibles contagios que se pueda dar en los locales de ocio y una hipotética saturación de los hospitales. Y apuntan que el hecho de que el 90% de los vascos 'vacunables' ya tengan la pauta completa, invalida per se la necesidad de controlar la entrada a los locales. «Habíamos previsto esta medida, precisamente, para que el 10% no condicione al 90% de la población», respondió el Gobierno vasco.

Pero si algo molestó especialmente al Ejecutivo fueron las críticas del tribunal a la documentación presentada para respaldar su petición. Los jueces advirtieron a Lakua que debería haber «presentado la motivación de modo razonablemente inteligible» y haber aportado más datos sobre la situación pandémica. «Esto es lo que precisamente hemos hecho», contestó la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

Y también levantó ampollas que la Sala fuera más allá que el resto de instancias judiciales y asegurara que el pasaporte covid vulnera, además de los de igualdad e intimidad, los derechos fundamentales «de reunión, libertad ambulatoria, las libertades de expresión, creación artística y libre desarrollo de la personalidad». Y cita, entre otros, la actividad que se desarrolla «en los karaokes», locales que hubieran estado afectados por la restricción. «Para el Gobierno vasco, cualquier persona vacunada, o cualquiera que sin estarlo disponga de una PCR negativa reciente tiene garantizados esos derechos», esgrimió Lakua.