La Fiscalía avala el pasaporte covid para toda Euskadi por la amplia movilidad social

Los tres jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ se reunirán previsiblemente el lunes a primera hora de la mañana para estudiar la causa y emitir su fallo. La opinión de la Fiscalía no es vinculante pero sí puede interpretarse como un claro indicio de la postura que pueda seguir el tribunal, habida cuenta de la sintonía que ambas instituciones han mantenido a lo largo de la pandemia con la mayoría de resoluciones vinculadas a restricciones planteadas desde el Gobierno vasco.

En su informe de 12 páginas, la Fiscalía que dirige en Euskadi Carmen Adán cree que la implantación del pasaporte covid, en las condiciones que plantea el Gobierno vasco, se ajusta a derecho. Para llegar a esa conclusión y siguiendo la jurisprudencia marcada por el Supremo, analiza las «condiciones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad» de la medida y los argumentos que plantea el Ejecutivo en su propuesta.

La idoneidad del pasaporte covid viene motivada porque en los locales de ocio en los que se quiere implantar no se usa de forma constante y permanente la mascarilla, lo que «favorece la inhalación de gotas y aerosoles emitidos por un contagiado». Además, la «transmisión del Covid-19 entre los vacunados es mucho menor al de los no vacunados» y cuando se infectan, contagian menos que los no infectados. Con estos datos sobre la mesa, la Fiscalía estima que, «de todas las medidas limitativas» para evitar la transmisión del virus, el 'pase covid' es la menos gravosa».

La única duda que quedaba en el aire sobre la propuesta del Gobierno vasco era si su intención de aplicar el 'pase covid' en toda la comunidad se ajustaba a la exigencia del Supremo de que no fuera una medida indiscriminada. A su entender -y al de la Fiscalía- es necesario plantearlo así y no a nivel municipal «debido a la naturaleza de las actividades señaladas (ocio nocturno y grandes restaurantes), dirigidas a amplios segmentos de la población que pueden estar domiciliados en diferentes localidades». «Dada la reducida superficie territorial de Euskadi, el alto grado de interacción de sus habitantes y las buenas comunicaciones, la movilidad de la población es muy amplia y no se circunscribe a su domicilio de residencia».

Respecto a la necesidad, el Gobierno vasco señala que la «intensidad de la circulación epidémica ha aumentado en las últimas semanas» -este viernes la incidencia era de 247 casos- y que ha habido un «aumento en la ocupación de camas hospitalarias» -a fecha del pasado lunes, 114 y 30 en UCI-. Por ello, «se hace necesario incluir otro tipo de medidas como condicionar el acceso al interior de los establecimientos de ocio nocturno y de los locales de restauración». Como ya adelantó el jueves en una nota, Lakua quiere controlar la entrada mediante pasaporte covid en «establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de esparcimiento y baile, como discotecas, salas de baile, salas de fiesta con espectáculo, bares musicales, karaokes, así como en restaurantes con un aforo superior a 50 comensales y en pubs y bares de copas a partir de las 22.00 horas».

Sobre su encaje legal, el Gobierno vasco considera que la «tutela de la salud pública (...) ha de tener preferencia sobre el derecho de igualdad y de intimidad». La Fiscalía comparte este análisis y apunta a la jurisprudencia dictada por el Supremo en ese mismo sentido.

De igual manera se posiciona sobre la proporcionalidad, que la considera adecuada al tratarse de una «medida preventiva para evitar la trasmisión del virus» circunscrita a una actividad, la de disfrutar de locales de ocio, que no es ni «esencial ni está constitucionalmente amparada». Por contra, sí está protegida por la Carta Magna la «salud colectiva» y, como derechos fundamentales, «la integridad física y la vida».