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El pasado martes arrancó la tramitación parlamentaria de la Ley de Medidas Urgentes con la que el Gobierno vasco pretende agitar el maltrecho mercado inmobiliario ... acelerando la ejecución de vivienda pública. Un plan de choque en toda regla que activa todo tipo de resortes frente a un problema que trasciende lo habitacional y que el consejero de Vivienda y Agenda Urbana eleva a la categoría de «emergencia de país». «Es una causa social de largo recorrido» enfatiza Denis Itxaso.
- También ha llamado a las instituciones a ponerse en «posición de combate».
- Crisis de vivienda hemos tenido muchas, pero esta es la primera que afecta a la cohesión social y parasita la economía. Cuando hablamos de atraer talento la primera pregunta es '¿dónde lo alojo?'. Y cuando las clases medias dedican una parte tan importante de su renta al alquiler o la hipoteca no la dedican al consumo. También hay mujeres latinoamericanas cuidando de nuestros mayores que no comparten casa, comparten habitación. Necesitamos más vivienda protegida para todos los estratos sociales. Además eso impactará en los precios del mercado libre.
- En 2005 se construían 15.000 pisos al año en Euskadi y ahora son 5.000. ¿Por qué?
- La crisis económica se llevó por delante parte de la capacidad de construcción que tenía este país, pero hay que ser honestos: la Ley del Suelo, tan ambiciosa y exigente, funciona en Álava pero no en los entornos de Bilbao y San Sebastián. Ahí necesitamos una norma más flexible. Los trámites ambientales, procedimentales y urbanísticos son muy garantistas y tenemos una arquitectura institucional muy compleja. Todo el mundo tiene que emitir informes y nadie lo hace en plazo.
- Su partido lleva diez años gestionando la cartera de vivienda, podía haber cambiado esa norma hace mucho sin tener que llegar a este punto.
- Tiene razón. La conclusión a la que llegamos ahora tras hablar con instituciones y el sector es que debemos agilizar la habilitación de suelos, porque sin suelos no hay viviendas.
- La Ley de Medidas Urgentes da por bueno el silencio administrativo para que los promotores sigan adelante, unifica unos trámites, elimina otros... ¿cuánto tiempo se quiere ganar?
- El objetivo es reducir los plazos burocráticos a la mitad, aunque va a depender mucho de la respuesta municipal.
- ¿Y si por correr mucho se pasan por alto cuestiones relevantes? Hablamos de construir casas.
- El proceso sigue siendo absolutamente garantista. Solo ofrecemos una vía abreviada, y no es obligatorio aplicarla. Pero insisto en lo de la posición de combate y que todos la asumamos. Nosotros modificamos la ley y los ayuntamientos deben ceder suelo y poner una alfombra roja fiscal a la vivienda protegida.
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- ¿Alfombra roja fiscal a quién?
- A los promotores públicos. Los ayuntamientos aplican el impuesto de construcciones y obras y existe la posibilidad de eximir a quien ejecuta infraestructuras prioritarias. El Gobierno lleva años solicitando que no se le cobre y algunos aceptan a regañadientes. Ahora la ley va a dictar que sea así .
- ¿Están apretando mucho a los alcaldes? Otra de las medidas urgentes supone la creación de un fondo de suelo público por el que van a pasar a manos del Gobierno solares que hasta ahora eran propiedad municipal y cuya venta les ayuda a financiarse.
- Cuando entidades como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) viene y nos dice que quiere aportar dinero no podemos decirle 'vaya usted a tal ayuntamiento que creemos que tiene suelo', no funciona así. Hay que tener un fondo. Yo entiendo que estamos pidiendo un sacrificio, pero nosotros también lo hacemos. Esto es una apuesta de país.
- La iniciativa privada va a poder rebajar el cupo de VPO del 75% actual hasta un 60% en cada nueva promoción en un intento por reactivar proyectos que están paralizados porque son inviables económicamente.
- Se me está acusando de dar de comer a las constructoras y no me parece justo. No podemos pretender que hagan vivienda pública si eso les supone tener pérdidas, y con el tope del 25% de venta libre que marca ahora la Ley del Suelo pasa eso, tenemos suelos con capacidad para 75.000 viviendas protegidas sin utilizar.
- ¿Las promotoras no hacen números para saber si les merece construir casas?
- No son solo planes parados, hay suelos 'dormidos' que nadie quiere por falta de rentabilidad. No podemos pedir a las constructoras que paguen toda la ronda porque no conozco a nadie que se haya hecho rico haciendo VPO y les necesitamos. Ni multiplicando por diez el presupuesto del Departamento de Vivienda conseguiríamos resolver esto solos.
- La decisión sobre la rebaja del cupo depende de los ayuntamientos y EH Bildu no lo ve. ¿Se corre el riesgo de agravar las diferencias en el acceso a la vivienda que ya existen en tre municipios en función de qué partido gobierna?
- EH Bildu dice eso en el Parlamento, pero a sus alcaldes el tema de la vivienda también les aprieta y quiero ver qué explicación dan a los vecinos si la situación no mejora. Si reducir el cupo de VPO permite que se hagan VPO que de otro modo no se harían la operación es buena.
- ¿Y si una constructora ya tiene firmado un convenio para ejecutar una promoción y ahora lo para por si 'rasca' mayor porcentaje de vivienda libre?
- Eso sí me preocupa porque ya ha pasado alguna vez cuando hemos hecho ajustes relacionados con las VPO. Me reuní con el sector hace dos semanas y les dije que no estamos para especular. Vigilaremos que los convenios que ya están en marcha sigan adelante.
- Decía antes que esta ronda no la van a pagar las constructoras. ¿Tiene el Gobierno vasco colchón económico para financiar más vivienda si se van a acelerar los proyectos?
- Tenemos uno de los mayores presupuestos que se ha dedicado a construir vivienda protegida y el apoyo del BEI y del Instituto de Crédito Oficial, ambos con el mandato de Europa y del Gobierno central para ayudar en esta cuestión. Pero como decía necesitamos ayuda y vamos a crear mecanismos de financiación público-privada. Un fondo social por la vivienda al que invitamos a capitales privados que tengan un apetito moderado. Deben entender que es una causa social de largo recorrido, que la vivienda protegida solo se alquila y por tanto no se recupera la inversión de inmediato.
- Calculan que hay 7.500 locales comerciales susceptibles de ser convertidos en vivienda.
- Es la cifra de los que hay en desuso fuera de núcleos de atracción comercial y pueden cumplir los requisitos. Se puede hacer pero necesitamos que las ordenanzas municipales contribuyan. En Bilbao ahora mismo se exige que tengan un acceso independiente por un portal y eso limita mucho.
- Mientras la reforma legal tiene efecto estará en vigor un decreto que mejora los servicios Gaztelagun y Bizigune y también eleva hasta los 3 años el empadronamiento necesario para inscribirse en Etxebide. ¿Por qué?
- Nos lo han pedido los ayuntamientos, pueden aplicarlo o no, y creemos que es justo porque ellos van a poner mucho suelo y quizá acceder sin esa antigüedad estaba generando distorsiones.
- ¿Se penaliza al recién llegado?
- No. En todo caso se les pone en igualdad de condiciones con los demás, hay que aplicar una discriminación positiva por ejemplo a las clases medias. La oferta es escasa y hay que democratizarla.
- La declaración de zonas tensionadas avanza poco a poco y ahora anuncian un régimen sancionador para quien incumpla el tope del alquiler. ¿Quién controlará eso?
- Tenemos inspectores, si un inquilino es sometido a un incremento por encima de lo permitido puede denunciarlo. El salto adelante es que ahora existe un precepto legal para sancionar.
- ¿Le preocupan más las viviendas vacías que no salen al mercado o las que se destinan a alojamiento turístico?
- Me preocupan las que pasan del alquiler residencial al de corta duración. Las viviendas turísticas están bastante controladas con las medidas municipales y lo que aporta nuestra reforma, y las vacías son muy pocas. Hay incentivos fiscales que convencen y sobre todo hay un mercado suficientemente suculento como el que tenemos para que alguien renuncie a esa renta. Es así pese a las voces que señalan que los propietarios están indefensos.
- ¿Se refiere al fenómeno de la okupación o a los inquilinos que no pagan?
- Se está exagerando con ambas.
No niego que cuando se produce un impago o se decreta que un inquilino es vulnerable es un problema para el propietario y para nosotros es importante que se sienta seguro y por eso intentamos compensar porque no tiene la culpa de lo que tarde un juez en decidir. Pero el problema no está en los extremos por mucho que unos hablen de okupas y otros de deshaucios, está en el centro con una escasa oferta para una gran demanda.
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