El Parlamento exige una revisión «exhaustiva» de los protocolos contra la violencia machista

Fue el propio vicelehendakari y consejero de Seguridad el que aseguró hace unas semanas públicamente que el feminicidio registrado en la capital alavesa era fruto de una «concatenación de errores» que se tradujo en un control menos riguroso de lo que exigía el caso. Josu Erkoreka reconoció la desprotección que había padecido la víctima una vez que ya había trascendido que la Ertzaintza conocía desde enero que el presunto asesino de Maialen Mazón quebrantaba sistemáticamente la orden de alejamiento sin aparentes consecuencias.

La mujer de 32 años, madre de una niña y embarazada de gemelos, había llegado de Valencia a Vitoria a comienzos de año, y pese a que su caso había sido calificado de «riesgo extremo» en la comunidad de origen, la Ertzaintza había abierto un expediente «ordinario» que no obligaba a extremar la vigilancia. La Policía autonómica mantiene abierta una investigación interna para analizar el procedimiento aplicado.

Otra voz crítica ha sido la del Ararteko. A comienzos de mes reclamó que las necesidades de las víctimas de la violencia de género «se aborden de forma integral y coordinada», y extendió la responsabilidad de los últimos sucesos más allá de la Ertzaintza. Reprochó «algunos comportamientos y actitudes en algunas policías municipales».

Con estos antecedentes, el que tomó cartas en el asunto fue el Parlamento. Lo hizo con un acuerdo casi unánime del que únicamente se desmarcó la representante de Vox. 74 'síes' de 75 posibles. A iniciativa de EH Bildu, la coalición soberanista, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU consensuaron una moción a la que también se adhirió PP+Cs. En ella instan a la «reflexión» y a revisar los protocolos policiales, pero también el tercer Acuerdo Interinstitucional firmado por el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos a comienzos de 2023. «Seguimos avanzando, pero debemos seguir mejorando», reconoció la jeltzale Leixuri Arrizabalaga.

El horario y el algoritmo

Más allá de reforzar los controles policiales y judiciales para mejorar la protección, incluso en aquellos casos en que las víctimas intentan que se retiren las órdenes de alejamiento dictadas contra sus maltratadores como fue el caso de Vitoria, la Cámara vasca ha puesto sobre la mesa otro tipo de apartados susceptibles de mejorar.

El más evidente es el económico y el de los recursos materiales. «Hay que potenciar las áreas de Seguridad y Justicia», pidió la parlamentaria Ohiana Etxebarrieta (EH Bildu). «Si las denuncias (por malos tratos) están creciendo, los medios disponibles para responder a esa realidad deben hacerlo también». Los partidos plantean que la comisión que asesora a las instituciones a la hora de elaborar el protocolo incluya a partir de ahora, además de a profesionales de la prevención y la lucha contra el sexismo, a «supervivientes» de la violencia de género y a asociaciones de afectadas.

Hay más. También se cuestionaron medidas mucho más concretas y ciertamente llamativas. Por ejemplo, en el pleno se pidió que se amplíe el horario de atención a víctimas de la unidad de Violencia Machista de la Ertzaintza. «Solo funciona en horario de mañana de lunes a viernes», lamentó Isabel González (Elkarrekin Podemos-IU). Además reclamó «revisar el algoritmo» con el que la Policía autonómica jerarquiza los casos de las «más de 5.000 mujeres» que necesitan protección en Euskadi. El que falló con Maialen Mazón.

El acuerdo parlamentario también compromete a las instituciones a mejorar «la formación y la asistencia personalizada» que se ofrece a las mujeres que denuncian a sus agresores en los juzgados, y obliga al Gobierno vasco a definir un nuevo plan de trabajo de sus departamentos antes de que acabe el próximo año.