El Gobierno vasco reforzará el control de los pisos anunciados en plataformas turísticas para detectar fraudes
El Parlamento aprueba intensificar el equipo de inspectores y colaborar con los agentes inmobiliarios de Euskadi para identificar contratos de alquiler temporal que sean ilegales
El Gobierno vasco reforzará el control que realiza sobre las viviendas de uso turístico que se ofertan en plataformas digitales para detectar posibles fraudes de ... ley. Así lo ha aprobado el pleno del Parlamento vasco a través de una enmienda en la que también se ha instado al Ejecutivo a «intensificar» el equipo de inspectores que dispone el Departamento de Turismo. El objetivo de ampliar el personal, una medida que ya contempla la nueva ley de turismo anunciada por el consejero Javier Hurtado el año pasado y que entrará en vigor esta legislatura, es que se puedan hacer más controles para comprobar si las empresas o actividades turísticas, además de los propios inmuebles, están cumpliendo con la normativa vigente.
A pesar de que la iniciativa se ha debatido a petición de EH Bildu, quien ha solicitado al Gobierno vasco investigar «en profundidad» los arrendamientos temporales y las viviendas turísticas que operan en Euskadi, finalmente se ha aprobado la enmienda impulsada por los partidos que sustentan el Ejecutivo (PNV y PSE). La propuesta, a la que se han abstenido el Partido Popular, EH Bildu y Sumar –Vox votó en contra–, pide hacer una comprobación más exhaustiva de los inmuebles que se ofertan en las distintas páginas web para certificar, entre otras cuestiones, si los pisos están inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi. Y en caso contrario, poder «tomar las medidas».
Además de incidir en la proliferación de pisos turísticos, el debate también ha ahondado en los arrendamientos temporales. Una modalidad de alquiler a la que muchos propietarios recurren para esquivar las obligaciones que marca la Ley de Vivienda. El texto aprobado contempla colaborar con los agentes inmobiliarios para evitar fraudes. La enmienda incluso pide a las agencias informar a la Administración de los casos en los que haya habido incumplimientos de contrato que hayan detectado en 2023 y 2024.
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