El Gobierno vasco obligará a los ayuntamientos a ceder suelo para construir VPO

El objetivo, afirman fuentes del área competente, es acelerar los proyectos y sacar un mayor número de VPO al mercado para dar una solución habitacional a las más de 100.000 personas inscritas en Etxebide. Hasta la fecha, la captación de suelo municipal por parte del Departamento de Vivienda se ejecutaba mediante acuerdos y convenios firmados con las distintas localidades.Así que las iniciativas dependían, en pocas palabras, de la cesión de parcelas que los consistorios podían hacer –o no– al Ejecutivo.

Un «modus operandi» que, según defiende el Gobierno, genera una «procelosa gestión administrativa» y una «captación ineficiente, asistemática, sin criterios homogéneos e irregular» de terrenos. Una manera de actuar que «desemboca en una distribución geográfica y territorial aleatoria y desequilibrada» de las parcelas. «El urbanismo local condiciona el desarrollo de viviendas tasadas, protegidas y libres. Son los municipios quienes nos dicen dónde y cuándo tenemos que construir», afirmó el responsable municipal.

La ley que está en tramitación y cuyo contenido queda recogido en el plan trianual propone la creación de una reserva de suelo estratégica para que el Gobierno vasco –que en la actualidad no tiene suelos en su poder– evite tener que solicitar solares a los consistorios. La finalidad es que los traspasos sean «automáticos».

Pero, ¿cómo el departamento se va a nutrir de suelos municipales de forma sistemática? Sencillo. Se reducirá el porcentaje de suelo planificado que por ley corresponde a los ayuntamientos (15%) y que a su vez supone una importante inyección económica en la financiación local. Según detalló el consejero, ese porcentaje será compartido entre el Gobierno autonómico, que se quedará con el 5% de los aprovechamientos de suelo municipal, y el propio consistorio, que obtendrá el 10% restante. «Es fundamental que el Ejecutivo autonómico vaya incorporando suelos a su propiedad para poder modular los desarrollos urbanísticos con una visión de país en aquellos sitios que necesiten recrecer la oferta», defienden fuentes del departamento. Ahora bien, la norma establecerá unos umbrales mínimos para las cesiones de solares. Las mismas fuentes detallan que se compartirán los aprovechamientos en los que el Gobierno vasco pueda obtener una parcela con capacidad para construir, como poco, una promoción de 20 VPO, el el «rango mínimo con el que actúa el departamento».

Además de esta cuestión, el plan contempla un abanico de acciones distribuidas en cinco ejes estratégicos: la promoción de la vivienda asequible, la rehabilitación del parque edificado, impulsar las ayudas y prestaciones, transformar el sector de la construcción hacía la industrialización y la gobernanza. Entre otras cuestiones, recoge la construcción de 5.250 alquileres protegidos en tres años; extender las zonas tensionadas; crear un fondo social por la vivienda o impulsar los subsidios al alquiler. También insta a la necesidad de comenzar a redactar el Plan Territorial Sectorial de vivienda. Para hacer posible este despliegue de acciones, el Gobierno invertirá 3.250 millones de euros en los próximos tres años.

Itxaso ha reconocido que la situación actual de la vivienda en Euskadi se resume en cinco puntos: «Una producción de vivienda insuficiente, demanda creciente, transformación de la sociedad vasca, un mercado de alquiler tensionado y viviendas vacías», que se prevén movilizar. «No lo ocultamos ni lo maquillamos: lo asumimos con realismo, pero también con determinación», lanzó el responsable autonómico.

Pese a la defensa del texto, la oposición calificó el documento como un plan «sin ambición». EH Bildu reconoció que el informe de trabajo es «más profundo» que el anterior plan de vivienda, pero criticó que no se hayan vinculado las acciones «con partidas presupuestarias concretas» ni se haya establecido una temporalidad. El portavoz de la coalición soberanista, Xabier Astigarraga, aseguró que el plan es «continuista» y denunció que «no se ha llegado a ningún consenso» respecto a la cesión de suelos por parte de los ayuntamientos.

Por su lado, el PP afirmó que la situación actual viene derivada «del fracaso de un modelo intervencionista», cuyas consecuencias está «pagando la ciudadanía». «Este plan director no va a servir de gran cosa. Es un modelo basado en la restricción, y si no hay oferta, los precios van a seguir creciendo. Debe haber un impulso público para que haya un marco flexible», afirmó la parlamentaria, Ana Morales. El portavoz de Sumar en el Parlamento, Jon Hernández, también mostró sus discrepancias con el plan. Criticó el documento por «su falta de coherencia» y señaló que «el parque público que se plantea es absolutamente insuficiente».

Respecto a los grupos que comprenden el Gobierno, Adrián Fernández (PSE) aseguró que el plan es «valiente y ambicioso», mientras que Jonatan Moreno (PNV) justificó que las medidas contempladas en el documento «van en buena dirección» para atender «a las personas vulnerables, pero también a las clases medias».