El Gobierno vasco estrecha el cerco contra los pelotazos en la venta privada de pisos protegidos

Eso es lo que ha detectado el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en Garellano. Solo desde octubre han intentado vender dos pisos protegidos con sobreprecios de 120.000 y 70.000 euros, respectivamente. 'Pelotazos' en toda regla que se suman también en estos cuatro meses a otros dos en Etxebarri y San Sebastián en los que se pretendía cobrar más de 100.000 euros. Los cuatro han sido frustrados por la intervención de la viceconsejería que dirige el socialista Iñaki Arriola, aunque han desatado todas las alarmas. No en vano, en los dos años anteriores solo se habían registrado tres tentativas de fraude más. Y ninguna antes, durante lo peor de las crisis económica. Por eso se ha activado un dispositivo especial de vigilancia que incluirá un análisis exhaustivo de cada contrato que se firme, ya sea en régimen de compra o alquiler.

«El sector inmobiliario se ha vuelto a calentar y la subida de precios tensiona sobremanera a las viviendas protegidas, donde las posibilidades de lograr un gran beneficio al margen de la legalidad se disparan, especialmente en las promociones más golosas», reconoce el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi. Y, en la actualidad, confiesa, uno de los puntos más calientes son precisamente las torres de Garellano, un proyecto urbanístico de un millar de pisos, de los que más de 600 tienen algún tipo de protección oficial y están habitados desde hace más de tres años. Es el caso del inmueble sobre el que la viceconsejería recibió una denuncia. Su precio como VPO está en 149.476 euros, mientras que los últimos de la urbanización que se están construyendo ahora son libres y se venden a partir de 380.000. Según el denunciante, el propietario pedía a los interesados en comprar un «extra» de 120.000 euros que, o bien se pagaba directamente en negro, «o pedía un préstamo personal diferente al hipotecario», para que no dejar pistas.

El responsable autonómico reconoce que resulta muy complicado demostrar este intento de fraude. De hecho, hasta ahora no se ha conseguido confirmar ningún caso con pruebas. El que paga en negro no suele firmar un documento público que deje rastros. A lo sumo uno privado y protegido por el derecho a la confidencialidad. Aunque para anticiparse a este escenario, el propio Departamento se ha dotado de una herramienta muy efectiva que es la que ha aplicado en estos casos: el derecho preferente de tanteo. Esto es, ante una oferta de contrato de un piso protegido, el vendedor siempre tiene que trasladarlo a la Administración autonómica para que esta analice si se ajusta a la legalidad. Ante la menor sospecha, el Gobierno siempre puede recuperarlo si abona la cantidad máxima autorizada por el régimen de protección oficial, actualizada con el IPC correspondiente desde que se adquirió. «Sin dar más explicaciones», remarca. El vendedor no logra ningún beneficio porque, «incluso si ya hubiese recibido alguna cantidad previa que el adquiriente pueda demostrar con documentos, ese dinero se le devolvería al descontarse de la cantidad que finalmente se abona al propietario sospechoso de fraude».

Mario Yoldi puntualiza que estos intentos de pelotazo son muy puntuales en el parque protegido del Gobierno vasco. «Sólo el año pasado realizamos 7.000 visados o análisis de contratos, el 57% de ellos de alquiler». En cualquier caso, asume que lo peor puede todavía que esté por venir, ya que el sector está creciendo a dos dígitos y hay muchas promociones protegidas en desarrollo que pueden verse afectadas, «sobre todo las de Zorrozaurre».

El viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, ha recordado que la venta de una VPO es legal, pero que el Departamento «no va a permitir que el dinero público invertido en ese piso se utilice para obtener un beneficio particular desmesurado y de forma opaca». Por eso insiste que se analizará con detalle cada transacción. Un trabajo para el que se servirán de todas las herramientas a su alcance, como la limitación legal al pago en metálico (2.500 euros, 15.000 si es un persona extranjera), así como las leyes antiblanqueo y antifraude.

«Gracias a la colaboración de las diputaciones podemos incluso detectar un pelotazo si alguien intenta desgravarse todo lo pagado, aunque parte sea en negro». Y recuerda que, según la Ley de Vivienda del País Vasco de 2015, la multa que recibirá un propietario infractor puede oscilar entre los 20.000 y 300.000 euros. Pero lanza un aviso a navegantes: «al que pillemos, le aplicaremos el máximo».