El Gobierno vasco adjudicó de forma directa 371 VPO a personas vulnerables en tres años

El Gobierno vasco tiene dos maneras de adjudicar una vivienda protegida. El método ordinario y más común, que es el registro en las listas de Etxebide y los sorteos, y , por otro, el proceso extraordinario de adjudicación directa para colectivos vulnerables. Hablamos de las víctimas de violencia machista, terrorista y las personas con derecho a realojo por actuaciones urbanísticas o en situación de desahucio. Individuos cuya situación de urgencia no les permite esperar demasiado tiempo en encontrar una vivienda digna y sobre todo, segura.

Sobre este proceso excepcional se debatió precisamente ayer en el pleno del Parlamento vasco a petición de EH Bildu. En una enmienda transaccional acordada con Sumar, ambos grupos solicitaron al Gobierno autonómico revisar el procedimiento actual, además de regularlo de «forma clara y directa». La propuesta fue presentada después de que el Ararteko criticara la gestión del Ejecutivo y de los servicios sociales en este trámite. El único punto de la enmienda que se aprobó fue el que pedía que la viceconsejería de Vivienda notificara a los interesados la eventual resolución, exponiendo los fundamentos jurídicos y señalando la posibilidad de recurrirlo. El apartado salió adelante con el voto favorable de todos los partidos, a excepción de Vox.

El escrito publicado en septiembre por Manuel Lezertua reclamaba al Departamento de Vivienda una mayor transparencia en el procedimiento después de detectar un «aumento de quejas» por la dificultad para acceder a un piso social. El Defensor del Pueblo achacó al Gobierno vasco una falta de información y apuntó que los colectivos no estaban siendo bien atendidos. También destacó que hay personas que no llegan a recibir los motivos por los que se les deniega una VPO. Y esto, en opinión de Lezertua, hace entender que «se está favoreciendo a determinadas personas y no a otras, generando desconfianza».

Sumergidos en los datos, en los últimos tres años, el Gobierno vasco ha adjudicado 371 nuevas viviendas sociales a colectivos en riesgo a través de este proceso administrativo extraordinario: 155 en 2022; 124 en 2023 y 92 hasta octubre de 2024. A estos inmuebles habría que sumar los cambios de vivienda pública por necesidades específicas –por ejemplo cuando uno de estos adjudicatarios vulnerables tiene un hijo y necesita un piso más grande–, que alcanzan las 522. A lo largo de este último ejercicio se han asignado una media de nueve viviendas por mes, aunque con importantes diferencias en función de la época. Mientras que en mayo se otorgaron 17 viviendas, cinco de ellas en Bilbao, en septiembre sólo se entregaron dos, una en Basauri. En cuanto a las solicitudes, de enero a octubre se han pedido de manera urgente un total de 162 pisos en Euskadi. El desglose de los datos los hizo públicos el consejero de Vivienda,Denis Itxaso, en una respuesta parlamentaria a EH Bildu publicada unos días días antes de la celebración del pleno.

La mayoría de las viviendas que se han adjudicado de forma directa desde 2021 se han otorgado a mujeres que han sufrido violencia machista (159 pisos) o a familias que han sufrido un proceso de desahucio (126). En el último ejercicio también se han destinado seis inmuebles a entidades del Tercer Sector y otros tres a administraciones públicas, quienes tienen la opción de pedir una vivienda o local «para desarrollar un proyecto relacionado con las personas o con las necesidades especiales de vivienda».

Tras las críticas de la oposición, el parlamentario socialista, Adrián Fernández, defendió que el procedimiento «funciona y es efectivo» y que «garantiza la seguridad jurídica». Al mismo tiempo, Fernández recordó que este mecanismo «está dirigido a otras administraciones públicas que tengan relación con los colectivos tasados» y que «las personas que piden una adjudicación directa no son titulares de un derecho de acceso solo por el hecho de presentar un escrito». Para poder satisfacer la demanda urgente estos colectivos vulnerables, el Gobierno vasco mantiene disponibles un número estable de pisos sociales.

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