El ertzaina y la detenida se piden cinco años de cárcel por las agresiones de la comisaría de Getxo

En esta última sesión, la Fiscalía ha confirmado la rebaja de la pena que solicitaba en un primer momento para Silvia S., la mujer que fue detenida por resistencia grave a agentes de la autoridad en la puerta de un supermercado y que luego fue golpeada en dependencias policiales. El Ministerio Público pide ahora para ella 1 año y 9 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y multas económicas por dos delitos leves de lesiones y un delito de resistencia grave. Para el ertzaina reclama una multa económica de 3 meses, a razón de 10 euros al día, por un delito leve de lesiones.

Las penas que solicitan las acusaciones particulares son más elevadas, aunque también han rebajado finalmente sus pretensiones iniciales. La abogada del agente, representado por la asesoría jurídica del Gobierno vasco, solicita 5 años y 3 meses de prisión para Silvia S. por dos delitos de atentados y dos delitos de lesiones. La representante de la acusada pide para el funcionario público 1 año y 6 meses de privación de libertad por un delito contra la integridad moral en su modalidad menos grave y 3 años y 6 meses de prisión por lesiones. En total, cinco años.

La última sesión del juicio ha servido para escuchar las declaraciones de los dos acusados. La mujer, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogada, se ha ratificado en esencia en lo que ya había declarado en otras ocasiones. Esto es, ha explicado que el incidente del supermercado empezó por defender a una persona sin hogar porque sentía que los policías no le estaban tratando bien. También ha dicho que recibió insultos racistas y empujones. Y que, ya en comisaría, pedía su cartera para llevársela al calabozo porque tenía mucho dinero. Sobre las acusaciones de atentado contra agente de la autoridad ha afirmado que lo único que hizo fue «reaccionar» lanzando la mano cuando el ertzaina comenzó a golpearla. «Estoy cansada de que la gente me maltrate», ha subrayado.

El ertzaina ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su abogada, pero no a la representante de Silvia S. El agente ha explicado que él sólo intervino en el traslado a comisaría de la detenida y que, en un primer momento, no sabía «el motivo» del arresto. Asegura que todo se desarrollo de forma correcta hasta que le dijeron que no podía llevarse sus pertenencias a la celda. Ahí -dice- empezó a mostrarse «agresiva». En un momento dado, la arrestada «agarró del brazo» a su compañera para tratar de coger su cartera. Él intervino para tratar de conducirla a la celda y poco después -ha remarcado- la mujer se giró y le lanzó «un manotazo» hacia el pecho. Fue entonces cuando, según su testimonio, tuvo una «reacción instintiva» y comenzó el «enfrentamiento» que duró «unos segundos». Su objetivo era «reducir» a esta persona, ha dicho.

En su informe final, la Fiscalía se ha apoyado en la declaración de un vigilante de seguridad del supermercado para defender la detención de Silvia. Además ha rechazado el informe de parte sobre malos tratos realizado por los médicos especialistas en el Protocolo de Estambul -el instrumento de referencia en la investigación de torturas- y, en este sentido, ha apuntado que no se pueden «acreditar» más lesiones que las apuntadas por los forenses en un primer momento. En todo caso, ha remarcado que las grabaciones son la principal prueba para valorar las agresiones. A este respecto, para justificar su acusación al policía por un delito leve de lesiones, ha subrayado que el agente «debió utilizar la fuerza mínima imprescindible» en los calabozos. El incidente quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la propia ertzain-etxea en un vídeo que fue desvelado por EL CORREO.

La abogada del agente ha puesto el foco en que las versiones de la denunciante «han variado mucho» y ha insistido en que fue ella la que «acometió» contra el ertzaina. Lo que no hubo -ha insistido- es voluntad de someter a nadie a «un trato degradante».

La letrada de Silvia S., Agatha Líbano, ha explicado que este caso le cayó en el turno de oficio y ha denunciado las dificultades que han tenido que superar durante estos cinco años. Ha reconocido que al principio, después de leer el atestado de su detención, ni siquiera ella se podía creer lo que la mujer le relataba. En este sentido, ha pedido al tribunal que lean con detenimiento el atestado policial ya que, según dicho, está lleno de falsedades y pretendía «ocultar la verdad».

De hecho, ha subrayado que la investigación de lo ocurrido aquel día la tuvo que hacer ella, ya que los agentes no aportaron los videos de los calabozos ni del supermercado a la hora de sostener sus acusaciones a pesar de que era «su obligación». Pero las imágenes son -insiste- «irrefutables». A este respecto, se ha preguntado qué habría pasado si no hubiesen trascendido las grabaciones.

Agatha Líbano ha insistido en que metieron a su clienta a los calabozos «como a un perro» y la dejaron allí «hasta el día siguiente». Ha defendido que lo ocurrido es «mucho más que extralimitarse». Para Silvia «hay un antes y un después».

También ha explicado que en 2019, un año después del incidente, desde el Gobierno vasco le dijeron que si retiraba la acusación contra el ertzaina ellos también retirarían la suya contra Silvia. Su clienta quería seguir adelante y poco después recibió una petición de cárcel de 7 años dirigida a «meter miedo». La letrada ha insistido en la injusticia de esta acusación, que a su juicio supone una «revictimización».