Las agresiones en la comisaría de Getxo provocaron a Silvia «psicosis» y «estrés postraumático»

Uno de los expertos que ha declarado, a petición de la representación de Silvia, ha sido Pau Pérez-Sales, un psiquiatra con 20 años de experiencia en la atención a víctimas de malos tratos y tortura. Junto a una doctora y una psicóloga, este hombre realizó en 2022 entrevistas de varias horas a Silvia para conocer la verosimilitud del relato de esta mujer, que denuncia las graves secuelas que arrastra tras recibir un tortazo y varios puñetazos en comisaría.

Según ha explicado a través de una videoconferencia, este caso es uno de los más «complejos» a los que se ha enfrentado en los últimos años de su dilatada carrera. Silvia, ha detallado, ya sufría un «daño crónico» por graves episodios de violencia sexual que sufrió durante su infancia. También había sido víctima de violencia de género. Sufría, en definitiva, un «contexto de fragilidad» que le había provocado un «trastorno adaptativo» por el que recibía tratamiento.

Sin embargo, estos tres especialistas han insistido en que a raíz del incidente en la comisaría la mujer empezó a desarrollar «ansiedad grave» y un trastorno psicótico que hizo necesaria su hospitalización en un centro de salud mental durante dos meses. A grandes rasgos, sentía que los policías conspiraban contra ella por haber denunciado las agresiones. También han dicho que sufre estrés postraumático y que se intentó suicidar. Todo aquello le provocó un «sufrimiento muy severo» y le generó un daño en su personalidad «permanente», además de agravar otras lesiones físicas que ya arrastraba. «Nunca volverá a ser la misma», han dicho. De hecho, han valorado como «altamente consistente» (un nivel 3 sobre una escala de 4) su denuncia de malos tratos. La psiquiatra vasca que lleva varios años atendiéndole también ha afirmado que el estado de salud de Silvia se «agravó» a raíz de este episodio. Ha asegurado que ya sufría ansiedad y depresión, pero que después de aquel día empezó a presentar síntomas psicóticos y de estrés postraumático.

Los especialistas en el Protocolo de Estambul han discrepado abiertamente del examen forense que le realizaron poco después de las agresiones. La doctora que la examinó evidenció una serie de lesiones, sobre todo en la cara, en el torso y en los brazos, que calificó como leves. Un año después realizó una ampliación del mismo, en el que tampoco descartaba que los problemas de salud mental no fuesen fruto también «de otros factores». Sin embargo, en ese momento no se realizó el examen dirigido a conocer si habían existido un delito contra la integridad mora. Según ha explicado, la forense sólo examinó las lesiones físicas porque fue lo que le «pidieron».

Otro de los testimonios significativos ha sido el de la ertzaina que estaba en calabozos en el momento en el que empieza el incidente. Esta mujer ha asegurado que todo empezó cuando Silvia se «abalanzó» sobre ella para tratar de recuperar su cartera porque pensaba que la iban a «robar». Después ha dicho que vio cómo «se enzarzaban los dos» y que trató de separarles. Ha asegurado que no vio si alguien pegaba al otro porque no se lo «esperaba» y fue todo muy rápido. El incidente quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la propia ertzain-etxea en un vídeo que fue desvelado por EL CORREO.

Otros ertzainas han explicado que fue detenida porque tenía una actitud «chulesca» y «agresiva», entoperció la identificación de un hombre que estaba «molestando» en la puerta del supermercado, se negaba a «identificarse» y le lanzó «un manotazo» a uno de los agentes.

La Fiscalía pide para el agente que está acusado una multa económica de 3 meses, a razón de 10 euros al día, por un delito leve de lesiones. El ministerio Público rebajó su calificación al inicio de la sesión. Ahora reclama para Silvia 18 meses de multa por un delito de resistencia, año y 9 meses de prisión por un delito de atentado y una sanción económica por dos lesiones.

Las penas que solicitan las acusaciones particulares son más elevadas. La representación de los ertzainas, dirigida por la asesoría jurídica del Gobierno vasco, pide casi 7 años de privación de libertad para esta mujer y una indemnización de unos 6.000 euros para los dos agentes que estaban en calabozos. La abogada de Silvia pide para el ertzaina entre dos años y año y medio de prisión por un delito de torturas o contra la integridad moral.