600 empresas vascas con 350.000 empleados están obligadas ya a tener planes de igualdad

El Gobierno vasco, por boca de la consejera de Trabajo, María Jesús San José, ya ha anunciado que será «implacable» a la hora de exigir a las empresas que tengan a punto y cumplan los planes de igualdad. Y la Mesa de Dialógo Social, donde se reúnen el Ejecutivo, la patronal Confebask y los sindicatos CC OO y UGT -no acuden, por voluntad propia, ELA y LAB, las dos principales centrales- contempla la cuestión de forma expresa, traducida en el documento que firmaron a primeros de febrero.

Los planes, adaptados a cada empresa, tienen en común que parten de un diagnóstico de la situación en cada centro de trabajo e incorporan compromisos a la hora de realizar contrataciones y ascensos, para que sean paritarios y equitativos. Y además de poner el foco en la conciliación, la brecha salarial o el lenguaje inclusivo, dedican especial atención a la prevención del acoso.

Iñaki Garcinuño, presidente de la patronal vizcaína Cebek, es una de las voces que con más claridad apuesta en público por adoptar «medidas proactivas» a favor de la mujer. «Es necesaria una mayor presencia femenina. Enriquece a las empresas. Y no tengo dudas», subraya, a pesar de asumir que los planes de igualdad suponen para las compañías «tiempo y dinero», lo que dificulta las cosas para las firmas pequeñas.

A Garcinuño no le gusta que siempre se culpe a las patronales de la dificultad para introducir la igualdad de género en el ámbito laboral. «Lo fundamental es meter en la empresa un asunto que no ha estado presente, ni en las direcciones ni en las plantillas. Los deberes los tenemos todos. No busquemos culpables. Patronales y sindicatos somos el reflejo de la sociedad. Y si cada uno funcionáramos de forma más igualitaria, lo haríamos en casa y en el trabajo. En cualquier caso, este asunto empieza a ser habitual y cada vez se permiten menos situaciones de desigualdad. Quien no se ha subido al carro, lo deberá hacer». Su organización lleva cinco años en ello con múltiples jornadas de sensibilización, y en la ejecutiva de la patronal hay tres mujeres entre trece miembros; una de ellas, vicepresidenta.

Estíbaliz Montero, de la dirección de CC OO en Euskadi, cree que la aplicación de los planes de igualdad va a ser un proceso «lento».

- ¿Por qué?

- Pues porque como hay que hacer un diagnóstico previo, ello requiere una gran transparencia empresarial. Y muchas empresas son reacias a ello, lo que es una gran dificultad para avanzar. En ocasiones, la negociación sobre los planes de igualdad lleva hasta un año.

Su sindicato, como otros, tiene proyectos para extender los planes a empresas más pequeñas. La ley obligará a tenerlos, en 2021, a todas las firmas desde 100 trabajadores. En Euskadi, 320 con 39.000 empleados.

A Elena Pérez Barredo, la directora de Trabajo, le toca controlar que todo vaya bien. «Los planes de igualdad vienen desde 2007. Pero al incorporar a las empresas de más de 150 trabajadores, se da un empujón y se convierte en obligación lo que eran buenas prácticas». Pone el acento en dos aspectos a su juicio relevantes en los planes de igualdad. «Precisan de un diagnóstico y deben ser negociados. Empresas, trabajadores y trabajadoras tenemos mucho que decir. Ver cómo son las cosas y cómo podemos hacer que sean de otra forma. No podemos tener empresas con el 51% del talento fuera».

Hay una anécota que explica bien la situación. El año pasado, recuerda, se aprobaron dos normas de forma simultánea: la del control horario y otra sobre igualdad. Pues bien, mientras a todo el mundo le preocupaba la primera, a casi nadie parecía interesarle la segunda pese a ser mucho más importante porque supone introducir en las empresas un cambio muy notable. «Me sorprende esa diferencia a la hora de abordar los temas. Espero que ahora, al entrar en vigor la obligatoriedad de los planes de igualdad, las cosas cambien y la gente lo tome en serio».

A modo de resumen, recuerda que la normativa es «de obligado cumplimiento» y que la Inspección estará muy encima, velando por ella. «No es una obligación de segunda categoría, ni un tema menor o secundario. Es un asunto de primera». Hasta ahora se ha inspeccionado a las grandes compañías, que «mayoritariamente cumplen». En las medianas está costando más que cumplan y por eso «se ha hecho esfuerzo», formando a la Inspección en esta materia y creando unidades de igualdad.