Padres y madres de alumnos manifiestan su «estupor» y anuncian que van «a tomar medidas»

Las asociaciones de padres de alumnos de los colegios afectados por el conflicto laboral recibieron este martes con «indignación» y «estupor» la convocatoria de un mes de huelga. No se esperaban una ofensiva sindical de tal calibre, pero su respuesta no se hizo esperar. Las agrupaciones de familias de los centros religiosos de Kristau Eskola, del grupo de Diocesanos y los colegios independientes de AICE reclamaron al Gobierno vasco que «ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos», y reclamaron la intervención de un mediador. Dieron, además, la espalda a las centrales de forma contundente. «Queremos dejar meridianamente claro que los sindicatos no tienen el apoyo de las federaciones de padres de ninguna de las maneras, por la desproporción de sus demandas», manifestaron a través de un comunicado.

Los representantes del colectivo comprenden, dijeron, «que el derecho a la huelga es un derecho constitucional», pero «también el de la educación, y la aplicación de uno está vulnerando el otro». Incidieron en que sus hijos son «la parte más desprotegida en este litigio, los únicos perjudicados, rehenes de un conflicto laboral del que no son parte». Y criticaron que se «les esté usando como moneda de cambio y a las familias como vehículos transmisores de una presión hacia los colegios de la que no queremos ser partícipes».

Las agrupaciones de padres no están dispuestas a que los chavales pierdan más jornadas lectivas, tras los 27 días sin clase de los dos últimos cursos. Por eso exigen al Departamento de Trabajo que empiece a gestionar de oficio la salida a una situación que califican de «insostenible»; y a Educación, «que se implique de forma decidida y ponga todos los medios a su alcance para encontrar una solución». A la patronal le reclaman redoblar los esfuerzos para zanjar el enfrentamiento laboral. «Y si no son capaces de llegar a acuerdos, exigimos de inmediato que soliciten la intervención de un mediador, ya que ambas partes han demostrado una incapacidad manifiesta para llegar a consensos. O, en su defecto, que cambien a los negociadores». No entienden, subrayaron, «por qué si en las ikastolas han firmado un convenio laboral, no son capaces de hacerlo en el resto de la red concertada».

Una muestra de la indignación con la que han acogido las familias la convocatoria de un mes de paros se vivió ayer mismo. Nada más finalizar la comparecencia de las centrales en la sede de ELA en Bilbao, representantes de una treintena de AMPAS, asociaciones de padres de colegios de Bizkaia y Álava, se concentraron en la calle a las puertas del local del sindicato nacionalista con pancartas en las que pedían una solución al conflicto. Un portavoz leyó un comunicado conjunto en el que mostraban su «estupor» y denunciaban que se está «vulnerando el derecho a la educación de 100.000 alumnos sin que intervenga el Gobierno vasco».

Los afectados interpelaron al Departamento de Cristina Uriarte de manera directa: «¿A Educación no le importa que miles de escolares vascos no estén recibiendo las horas lectivas que exige el Ejecutivo que se impartan en los centros de enseñanza?». Además, coincidieron en reclamar la mediación de Trabajo y anunciaron que, en adelante, van a ser «beligerantes» y llevarán a cabo «medidas» de presión, como manifestaciones y concentraciones ante las sedes de todas las partes implicadas.