La gratuidad de la concertada costaría casi 300 millones más al año al Gobierno vasco

Un informe interno del Departamento de Educación, al que ha tenido acceso EL CORREO en exclusiva, cifra en 288 millones el «sobrecoste» anual que implicaría la financiación completa de los centros concertados. Según los cálculos de la Dirección de Gestión Económica de la cartera dirigida por Jokin Bildarratz, el Gobierno vasco debería inyectarles una cantidad extra de 1.600 euros por alumno y curso para compensar la cantidad que actualmente perciben en concepto de cuotas.

En puridad, tanto la Ley de Educación como los decretos sobre conciertos ya establecen que los fondos asignados por la Administración obligan al centro de titularidad privada a «impartir de forma totalmente gratuita las enseñanzas». En la práctica, en cambio, se suelen cobrar cantidades bajo denominaciones tales como «actividades complementarias», «aportaciones», «proyectos de centro» e incluso «donaciones» que no siempre son voluntarias. Un estudio de la agencia Garlic B2B reveló que el 100% de los 40 colegios concertados vascos analizados cobraba a los padres algún tipo de cuota, que va desde los 15 a los 177 euros al mes.

La desaparición completa de dichas aportaciones, tal y como pretende el acuerdo que se aprobará en las próximas semanas en el Parlamento vasco, supondrá por tanto un sustancial incremento de casi el 42% en la financiación pública de la red concertada. En datos absolutos, consistiría en pasar de los 691 millones de euros aportados este curso (casi una cuarta parte de todo el presupuesto del Departamento de Educación) hasta los 979. Esa diferencia de casi 300 millones es equiparable, por ejemplo, a lo que el Ejecutivo autonómico ha destinado este año a Justicia. El citado informe de Lakua no desgrana de dónde saldría esta cantidad extra.

La literalidad del texto presentado en el Legislativo, en todo caso, encierra varias incógnitas que preocupan a los centros concertados. Las principales patronales -Kristau Eskola e Ikastolen Elkartea- han evitado por ahora pronunciarse sobre el borrador, pero directores de colegios consultados por este periódico expresan su «incertidumbre» ante el nuevo modelo. Y es que el documento incorpora, además, una figura nueva y desconocida en el ámbito educativo: el contrato-programa. Este instrumento, utilizado en otros servicios públicos como el sanitario, serviría para asignar los recursos en función del cumplimiento de un plan estratégico.

Las dudas en las direcciones de los centros se sintetizan en dos preguntas. La primera: ¿se financiará el 100% de los gastos del colegio? «En un instituto público, las inversiones dependen del Gobierno vasco y las infraestructuras, de los ayuntamientos. ¿A nosotros nos va a pagar la Administración toda la reforma de un edificio? No lo creo. Entonces, a ver cómo lo pagamos», reflexiona el responsable de una ikastola. Y la segunda: ¿a cambio de qué se va a asegurar esa financiación? «Nosotros ya cumplimos una serie de objetivos contra la segregación y la exclusión social. ¿Ahora se van a tener que elevar para que nos compensen la supresión de las cuotas?», se cuestiona el director de un centro religioso.

Por razones contrarias, el proyecto tampoco convence entre los representantes de la escuela pública. Ehige, la confederación de padres y madres de esta red, considera que el acuerdo «blinda el sistema dual» al financiar al mismo nivel a los centros independientemente de su titularidad. «En vez de revisar la financiación de aquellos que no han tenido ningún compromiso con la cohesión social, propone aumentarla», censuran. Steilas, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública, habla directamente de «un pacto privatizador» y «aparentemente 'progre', pero neoliberal por naturaleza y creado a medida de las patronales del ámbito educativo».