Las empresas de transporte escolar elevan el pulso y no garantizan el servicio el lunes

Es la gran incógnita que aún no ha sido despejada. En una comparecencia pública, los abogados de una treintena de compañías anunciaron que sus clientes han interpuesto recursos administrativos contra la orden de ejecución forzosa dictada por el Gobierno («muchos más» lo harán por la vía judicial, señalaron). Hasta que esas impugnaciones no se resuelvan, las empresas «no tiene obligación» de prestar el servicio de autobús escolar, aseveraron Miguel Ángel Zulaica y Guillermo Saiz.

El Gobierno, en cambio, hace otra interpretación. En un comunicado emitido a última hora de la tarde, el Departamento que lidera Jokin Bildarratz informó de que ha desestimado las medidas cautelares solicitadas en los 39 recursos administrativos que ha recibido (que son «todos ellos idénticos», puntualizó). Educación «recuerda» a las empresas «la obligatoriedad legal de prestar el servicio de transporte escolar en base a la orden de ejecución forzosa». El choque está servido.

Mientras las asociaciones de transporte analizan qué hacer, sus abogados desgranaron ayer los motivos que les han llevado a echarle un órdago al Ejecutivo autonómico. Entre otros argumentos, consideran que la publicación de la orden apenas 48 horas antes del arranque del curso fue algo «desproporcionado, incomprensible e ilegal» y no les dio «margen de organización». También defendieron que la orden es «radicalmente nula de pleno derecho e irregular», al «publicarla en el boletín sin notificarse previamente a las empresas sin ningún tipo de procedimiento ni dar audiencia al interesado».

De fondo, explicaron, se sitúa un «problema estructural» y no una mera cuestión económica. Por ejemplo, «las dificultades para encontrar chóferes de autobuses, a las que se suma la problemática de la inversión para adquirir y reponer los vehículos». Acusaron al consejero de falta de voluntad de diálogo por no reunirse con ellos en todo el verano hasta finales de agosto. Educación podría haber licitado los nuevos contratos «en abril» y no dejar el asunto «para última hora», señalaron.

La situación es todo un desafío para el Departamento, que ha afirmado por activa y por pasiva que el transporte escolar estaría garantizado. Ayer no fue así y está por ver si lo será hoy y la próxima semana. Cuestionado por este escenario, el consejero afirmó que «la única herramienta que tenemos es la del derecho» y no avanzó si se plantean medidas como facilitar un medio de transporte alternativo a los alumnos. Educación analizará la incidencia en el arranque de curso antes de decidir los pasos a dar. Señaló que «lamenta» la situación y emplazó a las empresas a que «reconsideren su postura porque, encima de la mesa, están los derechos de nuestros jóvenes y familias a una educación pública y justa».

Bildarratz reivindicó «el diálogo» pero «con respeto a la necesidad que tienen las familias y con la gestión responsable de los fondos públicos», en una referencia velada a las exigencias económicas de las empresas de autobuses. «Creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante con esa oferta de asumir el coste real más el 6%», puntualizó, refiriéndose a las condiciones de la orden de ejecución forzosa.

El caso ha llegado al Parlamento vasco. EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y el PP criticaron la «falta de planificación» del Gobierno en este asunto. Los morados afirmaron que el Ejecutivo «debe extraer una lección» sobre lo ocurrido, mientras que la coalición soberanista y los populares pidieron la comparecencia del consejero en la Cámara para rendir cuentas.