Denuncian un «retraso acumulado de más de 31.000 llamadas» en el servicio de teleasistencia

En ese sentido, Koldo Uria, en nombre de los teleoperadores, ha expuesto que de las llamadas acumuladas, casi 11.000 son de «revaloración» de la situación de los usuarios, y que en al menos 8.000 casos «no se están cumpliendo los plazos», algo «grave como para que se deje pasar por alto».

Desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, responsable del servicio, aseguran a este periódico que Ilunion, la empresa que presta el servicio, les ha trasladado que «ese número no es correcto». No han ofrecido otra cifra, aunque sí reconocen «pequeños retrasos» en las llamadas en la categoría de usuarios más leve, la que tiene «relaciones sociales plenas y una percepción de buena salud». En ningún caso «afecta», afirman, a colectivos más vulnerables. Y sostienen que «las llamadas se hacen», aunque más espaciadas en el tiempo. Para paliar las demoras, la compañía les ha «garantizado» que se producirán «cinco nuevas incorporaciones».

El representante del comité ha desgranado que en las oficinas centrales de Bilbao trabajan «57» personas atendiendo llamadas, «13 en turno de mañana y de tarde, de los que 9 atienden alarmas, y 3 o 4 de noche». Esos empleados, en un servicio en el que «la presión continua y la falta de medios ha derivado en un 20% de absentismo laboral», atienden una media de «1.460 alarmas diarias, de las que derivan 140 a emergencias, y realizan 3.000 de seguimiento». Los avisos, además, «deben atenderse antes de los 12 segundos», algo que no siempre «se cumple».

La prestación, que forma parte de la cartera de serivios de la Ley de Servicios Sociales de 2008 y depende del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico está externalizada a Ilunion Sociosanitario-Ibermatica. La plantilla de «atención directa», que también incluye a los trabajadores sociales y los técnicos de unidad móvil, asciende a «117 trabajadores» que asisten a «más de 80.000 usuarios». «En 2023 eran 99 trabajadoras para 65.000 personas, lo que evidencia que no se ha incrementado en la misma proporción», ha destacado. Están, han puntualizado, con «una ratio de una persona por cada 709 usuarios, el doble que en otros servicios públicos de teleasistencia del Estado».

Anjuri Labin, en nombre de los trabajadores sociales, ha subrayado que, aunque «somos esenciales en BetiOn», ya que evalúan las solicitudes, determinan el nivel de atención y hacen seguimiento de protocolos como el de maltrato o el de suicidios, «no se reconoce nuestra categoría profesional». «A pesar de ser un requisito imprescindible tener titulación en Trabajo Social o Educación Social, no se refleja ni el convenio, ni en el salario, ni en las condiciones, ni en la categoría, que en los pliegos figura como coordinadores de atención», ha explicado. Eso, ha dicho, «es un desprestigio», especialmente para un sector que tiene que poner «su propio coche» para acudir a los domicilios y que sufre «agresiones de parte de las personas usuarias y sus familiares».

Ha abundado en la idea de que «el número» de empleados «no es suficiente para dar cobertura» a los usuarios. También ha afirmado «la falta personal y priorización de dar altas impide cumplir con la calidad que se merecen nuestros usuarios. Somos personas trabajando con personas».

Los técnicos de unidad móvil, encargados de instalar los dispositivos, del mantenimiento de equipos y de atender «las caídas sin lesión», han puesto sobre la mesa que «las averías de terminales y de las coloquialmente llamadas medallas deberían ser resueltas en un plazo inferior a 48 horas». Sin embargo, ha asegurado Andoni Pleguezuelos, «en la última revisión de los datos que hemos hecho había casi 800 pendientes». En este caso aseguran que la «falta de plantilla» está derivando en que «se subcontraten servicios», mientras los técnicos de BetiOn están «haciendo tareas de mantenimiento y limpieza de terminales que están llevando a Orense».

Además de la publificación del servicio, han reclamado «el cumplimiento de los pliegos de condiciones, el refuerzo urgente del personal, el reconocimiento profesional de las trabajadoras sociales y garantías de seguridad y protocolos frente a agresiones», entre otras «Medidas para asegurar la calidad y continuidad del servicio».