Los condenados por delitos sexuales no podrán trabajar en las residencias
La nueva Ley de Dependencia exigirá a los aspirantes que presenten un certificado de penales tal y como ocurre para trabajar con menores
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aspira a que las personas que quieran trabajar en las residencias de mayores en situación de ... dependencia o de personas con discapacidad estén obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales. Así se recoge en la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que ha empezado a elaborar el Gobierno central. Se trata de un requisito que ya se pide desde hace años a quienes quieren trabajar con menores, tal y como establece la Ley de protección a la infancia frente a la violencia.
Según el borrador de la reforma legal al que ha tenido acceso Europa Press, «será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas con discapacidad y/o en situación de dependencia no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual», así como por cualquier delito de trata de seres humanos. El texto, que tiene 36 páginas y está fechado el 5 de noviembre, también prevé exigir a las comunidades autónomas que establezcan «sistemas de alerta y respuesta rápida ante posibles casos de mala praxis, falta de buen trato, discriminación o limitación de derechos» y que los resultados de las inspecciones deberán ser publicados.
Otra de las grandes novedades de un texto que se encuentra en una fase embrionaria y que aún debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para su posterior debate en el Congreso, establece que la violencia de género y el aislamiento social serán considerados factores para tramitar por vía de urgencia el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
Ser víctima de la violencia de género o padecer aislamiento social acelerarán la evaluación
Las inspecciones en Bizkaia
En el caso de Bizkaia, la Diputación da cuenta desde hace unos años de las inspecciones que realiza en las residencias del territorio, tanto en las de titularidad foral como en las privadas. La mayoría de supervisiones que llevan a cabo un equipo de nueve técnicos son de oficio, aunque algunas se producen tras recibir quejas de usuarios o sus familiares.
Hace justo una semana, la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, presentó el balance de 2023. Los datos reflejan que el 70% de las residencias registraron el año pasado carencias de personal o de mantenimiento. Hay 154 centros y se detectaron problemas de conservación en 108 -sistemas de seguridad, iluminación, limpieza...- y que se incumplían los ratios de médicos o enfermeras fijados por la ley en 99. Muchas cuestiones fueron solucionadas, pero otras no. El Gobierno foral abrió un centenar de expedientes sancionadores.
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