Sin colegio, ni exámenes

La burocratización de los colegios, motivos religiosos y razones personales o prácticas son los argumentos por los que numerosos padres en la actualidad están retomando la educación de sus hijos en casa. La escolarización en Euskadi es obligatoria, pero el 'homeschooling' -así se conoce a esta corriente- recibe el amparo legal por la redacción del decreto Balora en 2017. Según esta norma, «quedan excluidas de cualquier reproche legal, siempre que se ofrezca a los niños, niñas o jóvenes a cargo de sus padres o cuidadores un programa educativo individualizado, que responda a sus necesidades y no existan otros indicios de desprotección». La popularidad del 'homeschooling' ha crecido en gran parte por los recursos educativos que ofrece internet. Algunos padres lo combinan con clases de escuelas tradicionales.

Madalen Goiria, jurista especializada en temas relacionados con la libertad de educación, explica el 'homeschooling' como, «un modo de vida. Los niños socializan de una manera más libre y selectiva». Precisamente la sociabilidad es una de las principales razones que intentan empañar esta forma de educación. Los defensores valoran que la interacción de los niños es más controlada y desarrollada. Además, son capaces de ser más independientes, no sufrir acoso escolar y las amenazas de fracaso que sobresalen en un aula tradicional no existen. Goiria sostiene que lo nuevo es la escuela: «En el ordenamiento jurídico español hasta el siglo XX existía la enseñanza doméstica».

Leonel Virosta es un joven de Ávila, a quien desde los 10 años sus padres han educado en casa. El Ministerio de Educación le negó el acceso a la universidad por no tener los certificados oficiales. En una entrevista concedida al periódico 'El País' certificó «no haber pisado nunca un centro de secundaria» y, pese a ello, logró ser admitido en la Universidad de Manchester.

En Euskadi, la Administración de Justicia afirma que «la falta de escolarización de un menor en edad de recibir enseñanza obligatoria puede ser constitutiva de un delito de abandono de familia previsto en el artículo 226 del Código Penal». Sin embargo, el decreto prevé que si los padres tienen un valor educativo adaptado a las necesidades del menor, y no hay otros factores de riesgo, se cierra el expediente.