El sector industrial encara el año 2022 con algunas incertidumbres relevantes, tales como el coste de la energía eléctrica y térmica, la falta de disponibilidad o precios de las materias primas o el efecto de la inflación. La mayoría de ellas de carácter coyuntural (o eso esperamos al menos), pero hay otro elemento que afecta a la competitividad de nuestra industria que tiene un carácter estructural, la escasez de suelo para instalaciones industriales, en especial, para infraestructuras medioambientales.
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El sector industrial tiene un peso relevante en la economía vasca, ya que un 25% de nuestro PIB proviene de la industria. La lógica nos indica que es beneficioso que las instalaciones industriales se instalen en nuestro territorio para que generen riqueza y empleo, siempre y en todo caso, respetando los estándares ambientales de los que nos hemos dotado. Un territorio con fuerte presencia de la industria garantiza prosperidad económica, salarios dignos, una industria auxiliar y de servicios preparada y, en definitiva, un tejido económico competitivo y satisfactorio para la comunidad. Sin embargo, es habitual que surjan problemas a la hora de buscar ubicación concreta para los nuevos proyectos industriales derivado del famoso efecto NIMBY (Not in my back yard-no en mi jardín trasero), así como para la ampliación de los ya existentes. La consecuencia es la pérdida de competitividad de nuestro territorio respecto a otras regiones en las que existe una oferta más ventajosa de suelo industrial y una cultura de corresponsabilidad.
El Parlamento Vasco ha aprobado la Ley de Administración Ambiental tras un extenso debate, suscitado especialmente por la inclusión de la figura de los Proyectos de Interés Público Superior, por la que el Gobierno Vasco puede aprobar proyectos de iniciativa pública relacionados con infraestructuras ambientales o energéticas sin necesidad de obtener la autorización urbanística del municipio correspondiente. Alrededor de esta figura ha habido un debate público, principalmente político o ideológico en el que no vamos a participar, pero si lo vamos a hacer desde una perspectiva técnica. Lo cierto es que esta normativa resulta indispensable en el contexto actual si queremos impulsar las políticas de economía circular promovidas por el Pacto Verde Europeo.
Esta ley viene a mejorar esta deficiencia en la búsqueda de suelo industrial al que se someten buena parte de los proyectos industriales de este País, a través de la figura de la declaración de interés público superior y establece un procedimiento marcadamente garantista que se adoptará para proyectos con un interés público acreditado, de forma extraordinaria y con una motivación excepcional. Si observamos la enmienda en cuestión, el procedimiento para el otorgamiento de la calificación de proyecto de interés general superior es extraordinariamente exigente y otorga un seguridad y garantía jurídica adicional a la de un proyecto ordinario. Adicionalmente, debemos recordar que estos proyectos estarán sometidos a la evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada, dos de los procedimientos legales más exigentes desde la perspectiva ambiental.
Si queremos cumplir con nuestros compromisos con el Pacto Verde Europeo, necesitamos de la aplicación inmediata de la figura de interés público superior, y no sólo para los proyectos de iniciativa pública, sino para aquellos de iniciativa privada que cumplan con los condicionantes garantistas que requiere la ley recientemente aprobada.
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Euskadi, no se puede permitir el lujo de no disponer de un tejido industrial que garantice la prosperidad y bienestar de sus ciudadanos. A su vez, la normativa y principios inspiradores de la normativa ambiental exigen que bajo el principio de autosuficiencia y proximidad dispongamos de la red de infraestructuras necesarias para transitar el camino hacia el Pacto Verde y la Economía Circular. Estamos en camino.
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