Soberanía energética y respeto al medio rural para hacer frente a la crisis por la guerra en Ucrania

La invasión rusa de Ucrania y el conflicto bélico derivado del ataque afectan a toda Europa y a todos los niveles. Economía y medio ambiente soportan desde el pasado 24 de febrero los efectos de una guerra que se ha llevado por delante miles de vidas y que ha dejado el descubierto los puntos débiles del sistema energético y alimentario europeos. Ante esta situación, las cinco principales organizaciones ecologistas españolas -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- han hecho público un documento con diez medidas urgentes para disminuir la vulnerabilidad social y remediar la crisis ecológica. El texto fue entregado el pasado miércoles a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).

«El contexto actual ha puesto de manifiesto la inseguridad del modelo de producción y consumo, muy deslocalizado, basado en las energías fósiles y con necesidades crecientes de materiales y energía. El Covid-19 también ha dejado claro que existen estrechas interrelaciones entre la protección del medio ambiente, la salud y la supervivencias de la humanidad», argumenta desde los grupos ecologistas. Consideran que la soberanía alimentaria y energética, en un marco de conservación de la biodiversidad, «deben ser los pilares de la hoja de ruta que guíe la respuesta a las preocupantes situaciones generadas por la pandemia o la guerra de Ucrania». Son, además, «la única ruta posible para frenar otras posibles crisis y conseguir un planeta seguro, sano y rico en los recursos naturales necesarios».

Los colectivos temen que esta situación «sirva de excusa para rescatar megaproyectos vinculados al gas fósil que ya estaban descartados o paralizados (Midcat o el Musel) y que supondrían inversiones millonarias». En cuanto a la soberanía alimentaria, recuerdan que el modelo de producción agrario predominante en España es «enormemente vulnerable por depender de insumos externos provenientes de los países en guerra». «Un ejemplo son los cereales importados de Ucrania para la alimentación animal —27,6 % del maíz, el 12,9 % del trigo y el 31,4 % de las tortas de aceites vegetales— o los fertilizantes de Rusia, tanto directa —ya que acapara 15 % del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y 17 % del de fertilizantes potásicos—».

Como alternativa proponen apostar por un decálogo de medidas:

Se propone la creación de un bono social como apoyo a sufragar gastos de movilidad y de una tarifa social de electricidad para familias con rentas bajas y sectores directamente afectados a través de transferencias directas.

Apoyos directos a las empresas municipales de transporte para reforzar sus servicios en un escenario de aumento de precios del combustible, junto con medidas como la implantación de carril bus o carril VAO.

Se trata de una medida necesaria para hacer frente a la emergencia climática y no depender de energías que financian la guerra. Es decir, impulsar un sistema eléctrico eficiente, inteligente, de fuentes 100 % renovables y democrático para 2030, dando prioridad a las instalaciones que no supongan una amenaza para la biodiversidad y el medio rural. También consideran esencial en los próximos meses «impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas, garantizando para estas opciones una reserva de al menos el 20 % de la capacidad de evacuación en cada nudo de la red».

De cara a 2035 se debe haber acometido la sustitución de las caldera de gas por sistemas renovables.

Proponer revisar las políticas de formación de los precios de la electricidad. «Dichas políticas deben desvincularse del precio del gas, tienen que ir más allá de las medidas transitorias actuales y han de reflejar el coste real de su producción para beneficiar el abaratamiento que aportan las energías renovables».

Apuestan por un plan que elimine de aquí a 2030 las explotaciones ganaderas industriales, previa moratoria a nuevas instalaciones de este tipo.

Se trata de un nuevo modelo que minimice el consumo de combustibles fósiles e insumos agrarios. A la par, se debe relocalizar la producción y consumo de alimentos.

Recuperación de un mínimo del 10 % de superficie agraria de espacios y elementos del paisaje de alta riqueza para la biodiversidad agraria.

Apuestan por la promoción de una dieta sostenible y saludable, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Atajar las pérdidas y desperdicio alimentario, con una rápida tramitación, aprobación y puesta en marcha del Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Con todo, los cinco colectivos ecologistas consideran que «no pueden dejar de lado las políticas e iniciativas centradas en abordar la crisis climática, la recuperación de la naturaleza y la acción global». Para ellos «es preciso que el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y la Biodiversidad sea una realidad antes del verano y que se eliminen los incentivos contrarios a la conservación de la biodiversidad en los presupuestos públicos y en los fondos Next Generation». Las organizaciones ecologistas reclaman además que España «mantenga una posición de liderazgo para que el acuerdo permita una auténtica acción global en favor de la naturaleza».

La implantación de estas medidas requiere de un compromiso económico tanto en el corto como en el medio y largo plazo, con partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado, los fondos agrarios y en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. A su juicio «es primordial no cargar a la sociedad con más costes, sino que estos sean soportados por quienes se han lucrado del modelo basado en los combustibles fósiles, en la contaminación del medio rural y en la globalización económica. Es decir, las compañías energéticas (tanto las petrogasistas como las eléctricas) y las grandes corporaciones del sector agroindustrial. Y como ejemplo señalan la creación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios »caídos del cielo« obtenidos por los grandes grupos energéticos en el mercado mayorista por los altos precios del gas.

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