El Ararteko insiste en la necesidad de modificar la ley para poder sancionar
Manuel Lezertua plantea, en un seminario con expertos europeos que se celebra en el Parlamento vasco, que la normativa de las defensorías del pueblo recoja «nuevas modalidades de coerción»
El Ararteko, Manuel Lezertua, ha deslizado en los últimos meses la idoneidad de modificar la normativa de 1985 que creó esta institución para que pueda imponer sanciones a las administraciones que no atiendan a sus requerimientos. Y este lunes ha vuelto a mostrar su «convicción» de que «nuestro tiempo está superando la vieja ley». El Defensor del Pueblo vasco ha reiterado esta petición en el marco del seminario 'La Ley del Ararteko. Construyendo el futuro. Una reflexión sobre las defensorías del pueblo', impulsado en colaboración con el Parlamento vasco y en el que entre este lunes y martes participan una veintena de expertos.
Lezertua ha advertido que la ausencia de respuesta a sus peticiones de información «menoscaba la labor» que tiene que cumplir, que no es otra que «una mejor protección y cuidado de los derechos de la ciudadanía». En su memoria de 2022, remitida a la Cámara autonómica en marzo, incluyó por primera vez un apartado específico en el que criticaba la «progresiva falta de atención» de diferentes administraciones y señalaba a diecinueve, entre ellas nueve ayuntamientos vizcaínos, que ya han corregido la situación. Esa «profunda preocupación por la falta de colaboración» le lleva a plantear «la posibilidad de que se establezcan nuevas modalidades de coerción, como la intensificación de relaciones con la Fiscalía y un marco legal para lograr mayor efectividad».
El titular de la defensoría navarra expondrá su experiencia en ese sentido, algo que Lezertua confía en que sirva para «darnos nuevas perspectivas para encauzar esta cuestión». Las jornadas, en las que también participarán los responsables de estos organismos en Andalucía, Galicia, Cataluña, Francia, Irlanda y Holanda, así como la secretaria general de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la canciller de Justicia de Estonia, pretende ser «un punto de partida para la revisión» de la ley.
Dotar de «posibilidades de litigación» a las defensorías, ha recordado el titular del organismo vasco, está recogido en los Principios de Venecia, elaboradas por la Comisión del Consejo de Europa para la Democracia hace cuatro años. «Apela a diferentes fórmulas, como personarse en determinados litigios en defensa de los derechos de las víctimas», ha detallado. En el caso de Euskadi, PP+Cs registró en abril en el Parlamento vasco una propuesta para reformar la norma que plantea multas de 1.500 euros, si bien los grupos mayoritarios, PNV y PSE, no se mostraron especialmente interesados en abordar la modificación porque «la inmensa mayoría» de las instituciones cumplen con el Ararteko.
Lezertua también cree que hay «otras claves» que invitan a una «puesta al día» de la «relevante» ley, a «abrir los ojos a un nuevo marco». En ese sentido, ha destacado los «cambios sociales y legales» producidos desde 1985, que emplazan a la creación de «áreas para colectivos de especial atención», como «infancia y adolescencia», y a tener en cuenta otros aspectos como «la transparencia, la digitalización...». En definitiva, «dar un mejor servicio incorporando a la práctica de las instituciones vascas los estándares más avanzados».
