1.750 pisos públicos pasan a ser privados cada año al caducar su calificación protegida

El informe, eso sí, remarca que todos los pisos afectados se levantaron antes de 2003. Ninguno después. Porque aquel año se produjo un punto de inflexión: el Parlamento vasco puso coto a la pérdida de patrimonio –el beneficio de venderse a precio libre una casa que se compró rebajada con ayudas públicas– al aprobar que ninguna nueva construcción protegida pueda perder nunca esa calificación, que desde entonces tiene el adjetivo de permanente. «Serán protegidas para siempre», remarca el director de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi. Euskadi fue la primera comunidad que adoptó una medida de este calado, aunque «ahora todas avanzan en esa dirección y Baleares la ha incorporó ya en 2018».

El problema es que aquella decisión adoptada para frenar la especulación no tiene efectos retroactivo. Y hasta 2003 la ley admitía que, al cumplirse 30 años de la compra de una vivienda social o concertada (20 solo para la VPO), el dueño podía pedir que se retire la protección a su propiedad y se considere privada a todos los efectos. Es más, el acuerdo se adoptó al comprobar que está práctica se disparaba al pasar de 771 descalificaciones entre 1994 y 1999 a 6.153 en los siguientes cinco años. Sangría que no logró frenarse, ya que se duplicó en el lustro siguiente. Y sigue siendo intensa porque todavía durante 14 años habrá dueños con derecho a privatizar sus VPO. Una potestad, lamenta el propio estudio, que «supone un gran lastre para la eficacia de las políticas de vivienda y sociales de Euskadi».

Este proceso, además, es desigual territorialmente hablando. La mitad de los 37.867 pisos ya descalificados están en Bizkaia y el resto repartidos por igual en las otras dos provincias. Porcentualmente, sin embargo, Álava se sitúa a la cabeza, ya que han pasado a ser libres ya 5,8 de cada 100 VPO, 3,5 en suelo vizcaíno y 2,5 en el guipuzcoano.

Con todo, el Ejecutivo autónomo remarca que, a pesar de estos límites legales «contra los que no podemos hacer nada», el parque protegido permanente se sigue consolidando y afecta ya a dos de cada tres pisos. Y remarca que, sobre todo, está calificación resulta cada vez más efectiva y funcional para garantizar el derecho a la ciudadanía a una vivienda digna. Por varias razones. La primera porque así se garantizan que, aunque sea en régimen de propiedad, su venta se debe hacer a precios protegidos y, además, a familias que cumplan los requisitos para optar a un piso protegido como es carecer de vivienda y unos ingresos máximos (39.000 euros anuales si quiere una VPO en régimen general ).

La segunda, porque tanto el Gobierno vasco como su sociedad urbanística Visesa han apostado toda su política al alquiler y desde el año que viene «solo vamos a promover edificios bajo este régimen». La cifra no es baladí porque el 20% del parque público en Euskadi ya se destina al arrendamiento, lo que implica una mayor movilidad. Muchos de estos pisos en renta, sobre todo los destinados a los jóvenes, tienen limites de estancia en torno a los cinco años, y otros están condicionados a que, si mejora la economía del arrendatario, debe abandonarlo para que lo ocupe otra familia sin recursos.