Cien maltratadores se someten cada año a terapias costeadas por el Gobierno vasco

Ayer, en el marco de unas jornadas centradas en la prevención de la violencia machista que se cerrarán hoy en el Bizkaia Aretoa, tocó hacer balance de Gakoa, y este vino de la mano del Instituto Vasco de Criminología, que ha analizado cada uno de los pasos dados por la Administración con este programa. Las conclusiones son positivas, porque la tasa de reincidencia entre los participantes en esta terapia se ha reducido al 8%, mientras que el del colectivo de agresores que no la siguen se mantiene en el 20%.

Dentro del colectivo que se ha incorporado al programa se advierten claras diferencias entre quienes recibieron el alta, los que fueron dados de baja y los que lo dejaron. Así, se constata la existencia de nuevas denuncias por violencia de género sobre un 4,5% en las altas, un 11,5% en las bajas y el 35,7% en los abandonos. «Queda patente la necesidad de completar el itinerario, que se elabora adaptándolo a cada individuo», advirtió en la presentación de las jornadas la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, quien anunció un incremento del 28% en el presupuesto del Servicio Vasco de Gestión de Penas con el fin de alcanzar los 1,4 millones de euros y elevar a 40 la cifra de profesionales que prestan esta asistencia.

Pese al «rechazo» que pueden provocar programas como Gakoa «porque se considere que la Administración no debe dotar de fondos públicos el tratamiento» con los agresores, San José defendió una inversión que considera «social» porque contribuye «a la construcción de una sociedad más justa, más segura y más inclusiva».

La consejera puso el foco de las jornadas «en los hombres», los maltratadores y todos los varones en general, «para que tomen conciencia de que deben implicarse en pro de la igualdad y en la erradicación de la violencia contra las mujeres». Izaskun Landaida, directora de Emakunde, redundó en la misma idea. «La raíz de la violencia machista es la desigualdad», dijo. «Los niños nos están mirando y estan pendientes de lo que hacemos. Si no enseñamos igualdad lo que acaban aprendiendo es desigualdad», alertó.

La teniente-fiscal de la Fiscalía Superior María Jesús Cuartero advirtió, por su parte, del «difícil equilibrio» en el que se mueve el Ministerio Público para respetar «los derechos constitucionales del agresor y defender los intereses de la víctima dentro del proceso». Además, defendió la necesidad de una «actuación coordinada entre todos los sectores implicados» para luchar contra esta lacra social.

Juan Luis Ibarra, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se pronunció en el mismo sentido y subrayó que «el universo potencial de las 600.000 mujeres que anualmente en España son víctimas de violencia de género define un reto de grandísimas proporciones para el sistema de Justicia».