Una veintena de líderes del 'procés' se beneficiarían de la reforma de la malversación

La posibilidad de que a la eliminación del Código Penal del delito de sedición se le añada una reforma de la malversación fue apuntada el martes por el propio presidente del Gobierno durante los actos celebrados en Madrid para conmemorar el aniversario de la Constitución.

Se trata de una cuestión inflamable, porque a seis meses de las elecciones diferentes dirigentes socialistas creen que puede ser muy difícil de explicar a la ciudadanía cómo se rebajan las penas de un delito habitualmente vinculado con la corrupción. Tampoco Podemos está muy convencido del movimiento. Aun así, los socialistas apelan al derecho comparado y consideran que todos los pasos que se están dando en Cataluña, indultos incluidos, servirán para abrir una nueva etapa y, sobre todo, para consolidar su relación con ERC, tanto en lo que queda de legislatura como de cara al futuro.

A falta de cómo se concrete esa reforma, la realidad es que una modificación del Código Penal que diferenciase entre la malversación que implica lucro personal y la que no, en línea con la redacción que había antes de que el Código Penal se reformase en 2015, podría beneficiar a al menos 24 dirigentes soberanistas, según los cálculos de 'Europa Press'.

Entre los directamente beneficiados estarían los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por malversación y sedición: Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación.

En una situación similar se encuentran Puigdemont y los consejeros que huyeron de la Justicia tras el 1-O y la declaración unilateral de independencia de 2017. El expresidente de la Generalitat, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig están reclamados por un delito de malversación y sedición.

A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha enviado a juicio por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.

Según la investigación judicial, Jové -miembro de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre Moncloa y Govern- desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional contra la organización del referéndum independentista; habría obtenido datos personales de los catalanes de forma irregular para elaborar un censo; participó «activamente» en la búsqueda de locales para votar; y en su ordenador había archivos como 'modelo de papeleta'.

Además, hay otros 14 excargos del Govern a los que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona procesó en 2019 por malversación -y otros delitos- por los preparativos del referéndum independentista, aunque actualmente la causa permanece en un limbo judicial. La Audiencia Provincial mantuvo dicha resolución pero ordenó a la jueza volver a interrogar a los 29 procesados y ahora se estudia su concurrencia con otra causa, la que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona sobre los gastos exteriores del 'procés'.