El Supremo notifica la sentencia del 'caso De Miguel' e inicia la cuenta atrás para su ingreso en prisión

La notificación de la sentencia hecha pública por el Supremo en enero era el paso necesario para cerrar un proceso que arrancó en 2010 con la detención por parte de la Ertzaintza de una decena de personas, muchas de ellas vinculadas al PNV, por su participación en una trama de corrupción y comisiones ilegales. La instrucción del caso se prolongó años y no fue hasta diciembre de 2019 cuando el juicio se celebró en la Audiencia de Álava. Tuvieron que pasar tres años más, hasta este enero, cuando el Supremo dictó la resolución definitiva, que a grandes rasgos avalaba las condenas impuestas por el primer tribunal, presidido por Jaime Tapia, ahora principal asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria. De Miguel, considerado el principal cabecilla de la red –la mayor trama de corrupción descubierta en Euskadi– fue sentenciado a trece años de cárcel, aunque solo cumplirá un máximo de nueve.

Sin embargo, quedaba por cumplirse un trámite: que el fallo del Supremo fuese notificado de forma oficial a la Audiencia de Álava. Un paso que se ha demorado por la huelga de los letrados de justicia. Más de dos meses después de la decisión del Supremo, la sentencia se convierte en oficial, lo que acelera el ingreso inmediato en prisión de De Miguel. No será el único.

En total, fueron condenadas quince personas, cinco de ellas con penas de reclusión, aunque finalmente sólo serán cuatro después de que el propio Supremo emitiese hace dos semanas un auto de aclaración en el que rebaja el castigo al empresario Iñaki San Juan, lo que le permitirá eludir la cárcel. Sí tendrán que ingresar, aparte de De Miguel, otros tres destacados militantes del PNV cuando estallaron los hechos: Koldo Ochandiano, Aitor Tellería (ambos exburukides) y Xabier Sánchez Robles, (exdirector de Juventud del Gobierno vasco). Todos con penas que oscilan entre los 5 y los 7 años.

La confirmación oficial también tiene una segunda derivada. El Gobierno vasco ya no tiene ninguna excusa para no despedir a De Miguel de la sociedad pública Hazi, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico de Arantxa Tapia. A pesar de su detención, de toda la instrucción y de la sentencia de la Audiencia de Álava, De Miguel mantenía su puesto de trabajo en la fundación. De hecho, durante los últimos años había ganado en responsabilidad, aumentado su sueldo y representado a Euskadi en algunos certámenes de otras comunidades.

«Plazo de tres días hábiles»

El Ejecutivo argumentaba que echarle de su puesto de trabajo supondría una ilegalidad hasta que la sentencia no fuese notificada oficialmente. Pero, como desveló EL CORREO la semana pasada, el Gobierno tampoco se había dado demasiada prisa en solicitarla formalmente. No fue hasta el pasado 3 de marzo, es decir, 53 días después de publicarse el fallo por parte del Supremo, cuando el Gabinete Urkullu presentó la reclamación.

El Servicio Jurídico Central, dependiente del Departamento de Gobernanza Pública, también preguntó a la Audiencia de Álava por la fecha exacta de entrada en prisión para «activar» en ese mismo momento los despidos de los exdirigentes del PNV condenados. Sólo dos semanas después de plantear esa cuestión, el Supremo ha respondido. En una situación parecida se encuentra Ochandiano, contable del parque de Miñano.

El propio Gobierno vasco, a través de una breve nota, confirmó este miércoles que la Audiencia de Álava había comunicado a los Servicios Jurídicos la sentencia dictada por el Supremo «sobre el denominado 'caso Miñano'». Tanto el PNV como el Ejecutivo de Iñigo Urkullu siempre aluden a este proceso con el nombre del parque tecnológico donde arrancó la trama, no con el del exburukide jeltzale. El Departamento de Gobernanza Pública también subraya que ahora «se abre ahora un plazo de tres días hábiles para la interposición de un recurso» y que después llegará «la fase de ejecución de sentencia, dando lugar a las actuaciones correspondientes».