El Superior vasco apoya la huelga de jueces con el rechazo de su presidente

El acuerdo contó con siete votos a favor por dos en contra, uno de ellos precisamente el del presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, a cuyo voto particular se adhirió también la magistrada Julia Saurí. Apoyaron, en cambio, el paro los presidentes de las tres Audiencias provinciales -la vizcaína Reyes Goenega, la guipuzcoana María Josefa Barbarín y el alavés José Luis Núñez-, además de los magistrados Luis Ángel Garrido, Alfonso Álvarez-Buylla, Ignacio Sánchez Morán e Irene Rodríguez del Nozal. Los otros cuatro miembros restantes que componen el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJPV no asistieron ayer a la reunión.

Subijana justificó que el «cuadro normativo referido permite perfilar el espacio en el que se desenvuelve el ejercicio de cada uno de los tres poderes del Estado diseñados en la Constitución», algo que choca con la declaración que han hecho sus compañeros, que, a su juicio, no están habilitados como Sala de Gobierno para pronunciarse sobre una ley en tramitación. Así, estos señalaron que el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal «no responde a demanda social alguna. Además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial».

Los favorables a la huelga añaden que «se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración». Y critican que «se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica».

Pero, sobre todo, lamentan que se ponga «a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».

Sobre el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, denuncian que quieren «aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que incrementará el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

En esa misma línea, las asociaciones de jueces y fiscales siguen adelante con la huelga anunciada para la próxima semana (1, 2 y 3 de julio) pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el jueves por unanimidad que el paro convocado no tiene sustento legal. En un comunicado conjunto, las cinco asociaciones que impulsan la protesta (todas menos las dos progresistas) justifican que el ejercicio de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución. «Como tal no cabe una interpretación restrictiva que excluya a jueces y magistrados de manera individual y la ausencia de una normativa específica de desarrollo no supone también su exclusión», explica la nota.

Ante la negativa del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado a fijar servicios mínimos al considerar que no son competentes para ello, las asociaciones han anunciado que los fijarán ellas, como ha ocurrido en huelgas anteriores, y avanzan que, frente a los que consideran que este paro carece de efectos económicos, «el ejercicio de este derecho sí conlleva una pérdida de retribución proporcional».