«Solo uno de mis profesores pidió guardar un minuto de silencio cuando mataron a mi padre»

El padre de Ángela «tenía un taller y solía hablar con guardias civiles, porque algunos eran como él de Badajoz y otros eran amigos, y le acusaron de chivato». «Políticos, alcaldes y profesores fueron al funeral pero nadie volvió. Sólo Celia, de la AVT, que nos dijo que volvería y lo hizo. Mi madre tenía una pensión muy pequeña y necesitaba sacarnos adelante. Pidió un empleo al alcalde de Irún y no lo consiguió», recordó. «Mi madre pasó diez años de luto, hasta mi boda». «Nadie se acercaba pero todo el mundo te miraba. Faltó apoyo, nos estigmatizaron como víctimas. Treinta años después, el carnicero de mi ama le pidió perdón por no haber dicho algo cuando mataron a su marido».

La vida de Ángel Rodríguez, el padre de Ángela, tiene un epílogo inesperado y hermoso. «Mis hermanos tenían 9 y 15 años cuando le mataron y se hicieron mecánicos, como él. Hemos reabierto el taller 25 años después. Se llama Talleres Rodríguez. Cuánto le hubiera gustado verlo».

La culpa

Hubo otras voces, como la del guardia civil Víctor López, herido en atentado el 24 septiembre de 2002 en Leitza. «Estaba de vacaciones y vi una pancarta contra la Guardia Civil. Di aviso y me quedé allí. Al retirarla, explotó». Aquel fue el comienzo de sus problemas. «Algunos me culparon de la muerte de mi compañero por avisar de la pancarta. Yo mismo me eché la culpa durante años», confesó. «No había ayudas ni apoyo psicológico. Me lo busqué por mi cuenta». «Mi sargento dijo que tomaba antidepresivos y no me renovaron el carnet de conducir. Algunas mujeres de guardias dejaron de llamar a mi esposa para tomar el café». López, que se siente «una víctima de segunda», dio las gracias «a la AVT y a mi mujer. Sin ella, no estaría aquí».

Matilde Atarés, hija de un policía nacional asesinado el 23 diciembre de 1985 en Pamplona, también recuerda «aquel silencio impresionante». Eran ocho hermanos e hicieron piña. «Mi padre nunca tuvo miedo porque era bueno y nunca hizo mal a nadie. Mi madre fue a donar sangre cuando escuchó que una de las etarras que participó en el atentado estaba herida. Nos educaron con valores».

Maite Araluce, presidenta de la AVT, explicó que «las víctimas del terrorismo no lo hemos tenido fácil. Ni cuando yo me convertí, muy a mi pesar, en víctima, ni ahora. Hace 40 años, cuando se fundó la AVT, las víctimas éramos meros números: atentados cada día, funerales por la puerta de atrás, el rechazo de toda la sociedad por convertirte en víctima del terrorismo, ningún tipo de ayuda psicológica ni económica para familias rotas. Viudas que tenían que empezar de cero con hijos muy pequeños a su cargo... Pero es que ahora tampoco lo tenemos nada fácil». Araluce advirtió que «el principal propósito de los asesinos es tergiversar el relato para que se pueda repetir».

Para Montserrat Torija, directora general de Apoyo Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, «la AVT ha sido un ejemplo para otras asociaciones en Europa» y admitió que «en los años de plomo, a la pérdida se añadía el dolor adicional de la soledad en la sociedad que tenía que haberles arropado». «Hubo un desamparo económico» hasta 1999, cuando se proclama la primera ley de víctimas, modificada luego en 2011. Por su parte, Mónika Hernando, directora de Víctimas del Gobierno vasco, estimó que «hemos tramitado 7.800 daños indemnizaciones por daños materiales 1.600 por daños personales desde la dirección que me toca liderar» pero recordó que hubo «un importante déficit en los 80, casi un abandono, una progresiva sensibilización en los 90 y una cobertura mayor a partir del año 2000».

«Ayudas nimias»

En los primeros años de la Transición, las prestaciones eran inexistentes y luego «había ayudas nimias o que nunca llegaron», según la abogada de la AVT, Carmen ladrón de Guevara. «Desde principios de los 90 en la legislación general se empiezan a recoger ayudas para daños personales y luego para resarcimiento de daños materiales pero insignificantes y con un gran tramite burocrático». «Desde la AVT pedimos que se subrogara el estado porque los etarras se declaraban insolventes y en1999 se subroga pero hasta 2013 no hay procedimiento para que el Estado pueda reclamar esas cantidades a los terroristas».

Miguel Folguera, presidente de la asociación de víctimas APAVT y directivo también de la AVT, recordó cómo «llegaban las víctimas a la Audiencia Nacional, personas mayores y destrozadas por ver a los asesinos, gentes que a veces nunca antes habían estado en Madrid. Los juzgados iban apoyados en autobuses y las víctimas llegaban solas, 20 ó 30 años después del atentado y ahí estábamos los voluntarios de la AVT acompañándoles». Folguera pidió «reformar la ley de 2011 » y consideró que «no debería haber 10 leyes autonómicas sino una nacional».

La jornada se celebró en el Memorial de Vitoria. Florencio Domínguez, director de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, defendió estas jornadas como «una oportunidad» para reflexionar de manera colectiva y transmitir a la sociedad cuestiones relacionadas con la asistencia que se presta a las víctimas desde las instituciones y sobre aspectos jurídicos que les conciernen. Se persigue difundir el testimonio de las víctimas «para que no quede en el ámbito público ninguna justificación del terrorismo».