Sólo 17 de los 284 jueces que hay en Euskadi son capaces de celebrar un juicio en euskera

La situación entre el resto del personal de la Administración de Justicia no es muy diferente. De los 112 fiscales, sólo 9 tienen un perfil lingüístico: cuatro en el nivel uno; dos en el dos; y tres en el nivel tres. Ninguno ha obtenido el PL4. En cuanto a los letrados (los antiguos secretarios judiciales), el porcentaje se eleva. 53 de los 205 que hay en Euskadi han acreditado algún perfil lingüístico: 17, además, han obtenido el PL3 y otros dos, el PL4.

Los datos los ha ofrecido este lunes el juez Jaime Tapia, que ahora desempeña la labor de asesor del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en materia penitenciaria (ha colaborado especialmente en el traspaso de la transferencia de Prisiones, hace ahora dos años). Tapia ha participado en un acto organizado por la Fundación Sabino Arana sobre la situación del euskera en la Administración de Justicia y sobre el «marco estratégico para la revitalización del euskera». Las cifras que ha expuesto corresponden a 2020, pero ha reconocido que «no hay motivos» para pensar que la situación haya cambiado desde entonces.

La Justicia es posiblemente el ámbito de la Administración pública en el que la lengua vasca tiene una menor presencia. Menos del 1% de los juicios se celebran en euskera. Los jueces vascos se han propuesto ahora cambiar las cosas. El pasado 27 de octubre, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) aprobó la creación de un grupo de trabajo experimental para intentar impulsar los procesos en euskera. Su progresiva implantación fue, de hecho, uno de los objetivos que se marcó el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, en su discurso de apertura del año judicial, «a partir del creciente número de juezas y jueces con competencia lingüística en ambos idiomas oficiales».

Efectivamente, cada vez más magistrados se muestran competentes en lengua vasca. Según los datos expuestos este lunes por Tapia, en 2015 eran 39 los jueces con perfil lingüístico 3 o 4. En 2020 eran 46. No obstante, la proporción no ha variado y se mantiene en el entorno del 16% porque en ese lustro llegaron a Euskadi 41 jueces.

El magistrado, que se ha mostrado «pesimista» con el proyecto piloto puesto en marcha, ha reconocido que el escaso conocimiento de euskera entre los jueces es, sin duda, «un claro obstáculo» para el avance de la lengua vasca en la Justicia. A su juicio, en el futuro será preciso tanto «voluntad política» (que, hoy por hoy, sólo advierte en el Gobierno vasco pero no en la Administración central ni en otros organismos judiciales implicados) como cambios legislativos.

En cualquier caso, Tapia también ha subrayado que el nivel de euskera entre los funcionarios de la Administración de Justicia es cada vez mayor. A modo de ejemplo, ha señalado que, mientras hace una década sólo el 35% de los documentos se elaboraban en ambas lenguas, ahora ese porcentaje ha escalado hasta el 61%. También aumenta «claramente» el número de demandas que se interponen en euskera, lo cual «demuestra» la «voluntad» de los ciudadanos de utilizar la lengua vasca en su relación con la Justicia.

Pero una cosa es el euskera escrito («en este momento, creo que hay medios suficientes para llevar adelante de forma exitosa los procesos escritos», ha dicho) y otra, el oral. Y aquí es donde el magistrado detecta más carencias. No sólo por la falta de preparación de la mayoría de jueces, sino también porque «muchos ciudadanos no tienen claro que los funcionarios utilicen el euskera».

Hay, además, otros obstáculos o inercias que deberán superarse. Por ejemplo, según ha explicado Tapia, muchos abogados tienen recelos y descartan arrancarse en lengua vasca durante una sesión por temor a que el juez no entienda del todo las pruebas orales (declaraciones, testimonios...) y las alegaciones de las partes. O que, al menos, no las entienda igual de bien que si fuesen en castellano.

¿Qué se puede hacer en este escenario? El experto considera que se debería «impulsar un auténtico proceso de euskaldunización dirigido a los jueces» que podría contar con «ventajas o beneficios». Por ejemplo, otorgar permisos para estudiar euskera, al igual que se hace en otros ámbitos de la Administración, o incentivos económicos. Aunque este último punto, ha reconocido, podría ser más complicado. El magistrado también ha censurado que el reglamento de la carrera judicial «no tiene ningún sentido en 2023» en lo que se refiere a la regulación de las lenguas cooficiales.

El evento ha contado con ponencias del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban; el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia; Gotzon Lobera, miembro de la academia de la lengua vasca; Joseba Lozano, director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas del Gobierno vasco; y Miren Azkarate, académica y miembro del Patronato de la Fundación Sabino Arana.