El Tribunal Superior pone en marcha un plan para impulsar los juicios en euskera

De hecho, avanzar en la normalización lingüística fue uno de los objetivos que el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, planteó en su discurso de apertura del año judicial. En el transcurso del acto, celebrado el pasado 25 de septiembre, prometió sondear la viabilidad de celebrar más vistas en euskera, «a partir del creciente número de juezas y jueces con competencia lingüística en ambos idiomas oficiales». Subijana y su equipo han encargado esta labor a dos jueces veteranos y con una experiencia notable en el impulso de la lengua vasca dentro de la Judicatura. Se trata de Garbiñe Biurrun y Alfonso Álvarez-Buylla, tal y como adelantó ayer la edición en Euskadi de 'eldiario.es'. Así lo refleja el acta de la reunión del órgano de gobierno.

«Por ahora no hemos empezado. Todo esto es muy reciente, pero la encomienda consiste en analizar la posibilidad de celebrar más juicios en euskera», explica Biurrun, en conversación telefónica. «Partimos de un punto de salida muy bajo, ya que el número de procedimientos que se desarrollan en euskera no llega seguramente al 1%. Se trata de un porcentaje ínfimo, algo irrelevante», añade la magistrada. El propósito del grupo de trabajo será analizar la actual situación y proponer medidas que permitan impulsar la lengua vasca en este ámbito.

La comisión experimental se pone en marcha en un contexto de cierta tensión entre los jueces y el Ejecutivo autonómico, después de que el TSJPV, a instancias de Vox y el PP, anulara varios preceptos del decreto de normalización del uso de la lengua vasca aprobado por Lakua. Una interpretación de la normativa que fue criticada por el gabinete de Iñigo Urkullu, que negó que el texto «margine o discrimine» el castellano, como, a su juicio, «erróneamente» ha interpretado el tribunal. El propio lehendakari ha reprochado a los jueces su «falta de sensibilidad hacia el euskera». Además, se han producido diversas movilizaciones sociales a favor de la lengua vasca (como la manifestación del pasado 4 de noviembre).

El grupo de trabajo dirigido por Garbiñe Biurrun y Alfonso Álvarez-Buylla comenzará a funcionar con dos únicas premisas a cumplir. La primera tiene que ver con «el respeto a la garantía constitucional del juez ordinario predeterminado por la ley». Esto quiere decir que el asunto no cambiará de juzgado, una vez repartido, en función de si se puede celebrar el juicio en euskera o no. «No se van a crear órganos específicos sino que se tendrá que estudiar en cada caso si es posible llevar a cabo la vista en lengua vasca o no», afirma Biurrun.

El otro principio a respetar es la voluntariedad. Es decir, no se obligará a ninguna de las partes a utilizar el euskera. Será algo totalmente voluntario. ¿Puede un ciudadano o un abogado emplear el euskera durante un juicio? Sí, puede. Pero para ello debe solicitar con cierta antelación que asista a la vista pública el equipo de traducción. «No se puede avisar el mismo día», apunta la magistrada. «Si uno solicita actuar en euskera, lo más probable es que su juicio se retrase», añade. El plan piloto pretende acabar con estos inconvenientes.

Biurrun explica que celebrar una sesión íntegramente en lengua vasca es muy difícil actualmente porque se requiere que todos los actores que van a intervenir conozcan y dominen el idicioma. «No basta con que el juez se maneje, sino que tanto un acusado, como un testigo o los abogados de las partes, los funcionarios y los procuradores deben dominar el euskera. En un juicio hay muchos intervinientes y tiene que darse el caso de que todos ellos lo hablen». El grupo piloto espera empezar a funcionar en breve. En principio no desarrollarán su labor con una fecha límite. «Por el momento, no nos hemos puesto ningún horizonte».