El soberanismo jeltzale, décadas de vaivén

El eco, entonces y a posteriori, de aquel pronunciamiento fue sonoro porque era la primera vez que la Cámara se manifestaba en ese sentido. Hasta tal punto que, veinticuatro años después, en 2014, EH Bildu, que para entonces ya integraba a EA y a la izquierda abertzale tradicional, lo rescató para forzar al PNV a sumarse, en puertas de los procesos independentistas que eclosionaban en Escocia y Cataluña. La Cámara volvió a ratificar que Euskadi es titular de un derecho que reside «en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco político propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía».

En el cuarto de siglo transcurrido entre ambos pronunciamientos, sin embargo, el vaivén del péndulo jeltzale fue constante y lo sigue siendo hoy: de hecho, la insistencia en el derecho a decidir es noticia porque en el último lustro la reivindicación, apagada por la pandemia, ha estado guardada en un cajón. A aquella declaración del año 90, también con Ardanza como lehendakari, le siguió un episodio que acabó con el fugaz tripartito PNV-EA-EE que se había constituido en febrero de 1991. La decisión de EA de presentar mociones en los ayuntamientos en favor de la independencia acabó propiciando su expulsión del Gobierno, con el argumento de que incumplía de manera «flagrante» el compromiso de defender el marco estatutario.

Aunque la palabra autodeterminación fue sustituida con el transcurso de los años por el sintagma 'derecho a decidir', a la moderación de la etapa de Ardanza en coalición con el PSE siguió la aventura fallida de acumulación de fuerzas abertzales en Lizarra y el plan Ibarretxe que daba por superado el Estatuto y fracturó en dos mitades a la sociedad vasca. La 'era Urkullu' y el regreso de la transversalidad con el PSE volvió a poner en valor el marco estatutario y la reivindicación de completar las transferencias pendientes, sin dejar de lado las apelaciones a una reforma del marco jurídico pactada con el Estado de inspiración confederal.